La situación que vive Venezuela no resiste más. Las protestas y los cacerolazos en las calles por la falta de efectividad del Gobierno que casi lleva al linchamiento del Presidente en Margarita, solo pueden llevar a una conclusión: Maduro no gobierna, se mantiene en el poder.
“Que nadie se equivoque conmigo, estoy dispuesto a todo por defender la patria”, esa fue una de las tantas frases que pronunció Maduro, ante sus simpatizantes agolpados frente al Palacio de Miraflores, mientras que cerca de un millón de personas marchaban por las avenidas caraqueñas unidos en voz de protesta contra su régimen pero, sobre todo, pidiendo se les permita libremente ejercer su derecho a una revocatoria del mandato consagrado en el artículo 72 de la Carta Política.
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La actitud beligerante de Nicolás Maduro, demuestra que para él “defender la patria” significa mandar el país a una guerra civil y no obedecer la Constitución que el mismo juró defender, la cual, en sus manos, no es más que letra muerta, pues no se explica cómo puede seguir anquilosado en el poder de espalda a un pueblo que con hambre sale masivamente a las calles a pedir un cambio.
Pero que el Gobierno del Presidente Maduro, no sea un Gobierno, no solo es un tema de valoración subjetiva derivada de un contexto de desaprobación popular, incluso es una realidad jurídica verificable con el contenido de la Constitución de Venezuela –esa misma que promovió Hugo Chávez, el ídolo del oficialismo–.
En su artículo sexto la Carta Política del vecino país establece que “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”.
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No es democrático un Gobierno que atenta contra la institucionalidad, desconoce la división de poderes y vulnera los derechos más básicos de su pueblo. No es ni participativo ni pluralista un Gobierno que persigue y encarcela a quienes se oponen a él. Tampoco es electivo el que no responde a la voluntad de sus electores; y ni hablar de lo que significa ser un Gobierno de mandatos revocables, para aquel que se opone por todos los medios a un referéndum revocatorio.
La conclusión es inequívoca, a la luz de lo expresado en su Constitución, el Gobierno de Nicolás Maduro no es el Gobierno efectivo de la República Bolivariana de Venezuela, pues no cumple con los valores constitucionales que, de acuerdo con la Carta, debe cumplir para serlo.
Nicolás Maduro no tiene, ni la aceptación popular ni la legitimidad constitucional para ejercer la dirección de su Estado, por eso, Maduro no gobierna, se mantiene en el poder, que son acciones muy distintas. La primera implica el noble ejercicio del servicio público, la segunda una actitud déspota y tiránica que le permita seguir ocupando un cargo, a pesar de no cumplir con el mandato que el mismo conlleva.
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Esa peligrosa actitud déspota y tiránica, es lo que lo lleva a atentar contra los derechos de su población. A no permitir que los medios de comunicación cubran las protestas, la falta de alimentos y medicina, violando así la libertad de prensa y el derecho a la información. A perseguir a opositores e incluso a enviar a la cárcel a quienes lideran protestas en contra de su gobierno, como sucedió en los eventos del fin de semana en Margarita. A no permitir que el pueblo se manifieste en su libre ejercicio del derecho al voto a través del referéndum revocatorio.
Tantos atentados contra la Democracia, demuestran que el llamado socialismo del siglo XXI venezolano no es más que el remake de una película que ya vimos en América Latina y se llamaba las dictaduras del siglo XX, solo cambian los actores y el vestuario, pasando del uniforme militar a vestirse con la bandera, mientras se pisotea la Constitución al mismo tiempo que se condena una nación.
La banda sonora sigue siendo la misma: los gritos de un pueblo valiente que clama por el respeto de sus derechos. Que rápido se nos olvidó en nuestros países que NUNCA MÁS permitiríamos esos hechos.
CARLOS ARÉVALO
PROFESOR MAESTRÍA EN DERECHO INTERNACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA SABANA