La intempestiva salida de los presidentes de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio (CCV), Harold Díaz Güiza, y del ejecutivo Fernando Romero Herrera, la fraguaron los ocho directivos que conforman el grupo mayoritario de la entidad.
La misma se orquestó mientras los dos directivos se encontraban en Estados Unidos haciendo gestiones para traer proyectos para la región.
La razón, se habían vuelto incómodos por las posiciones y decisiones que venían adoptando para combatir la corrupción al interior de la entidad, contaron fuentes a Llano Sie7edías, que no pidieron no se revelarán sus nombres.
Además, directivos del periodo anterior –unos que siguieron y otros que no– venían perdiendo el manejo de los contratos en la CCV, entre otros del parqueadero y del personal, –lo que provocó la creación de un sindicato–.
También del Centro de Conciliación donde se detectaron graves irregularidades en el manejo de recurso y procesos, y tenían el deseo de tener el control de las iniciativas que pudieran ejecutarse de las gestiones adelantadas en Washington, agregaron las fuentes.
También cuestionan que la pasada administrración en lugar de hacerle mantenimiento al edificio de la sede principal, que ya presentaba deterioro en algunas áreas y servicios, contrató por 4.500 millones de pesos la construcción de los pisos 4 y 5.
Además, cambiaron las sedes de la entidad en municipios como Granada, donde ahora se paga 1’500.000 de pesos en el arriendo del local, en lugar de los 3’500.000 que antes se pagaba.
Mientras que en los pasillos de la CCV corría el rumor de que los directivos quería sacar al presidente ejecutivo Fernando Romero porque estaba empezando a ‘direccionar’ los contratos en favor de sus empresas.
El golpe
El asunto es que el viernes pasado, durante la reunión de la Junta Directiva, los integrantes del grupo minoritario se sorprendieron cuando en uno de los puntos de la agenda se incluyó el cambio del presidente y vicepresidente de la Junta Directiva.
El punto fue aprobado por el grupo mayoritario conformado por Dimas Barreto Pandales, Luis Mauricio Pérez, William Hernández, Fernando Murillo, Asdrúbal Castro, Ricardo Páez, Juan Pablo Betancour y Miguel Galindo, que le ganó el pulso al minoritario integrado por Harol Díaz Güiza, Óscar Villalba, Humberto Guerrero y Enrique Pardo.
En consecuencia, el presidente Harold Díaz Güiza y el vicepresidente, Humberto Guerrero Chaquea, fueron reemplazados por Dimas Barrero Pandales, en la presidencia, y Luis Mauricio Pérez, en la vicepresidencia.
Luego se abordó el tema del cargo del presidente ejecutivo Fernando Romero Herrera, quien al ver que no podía contar con el respaldo del presidente y el vicepresidente de la Junta tomó la decisión de renunciar antes de ser separado del cargo.
Enseguida nombraron como presidenta ejecutiva en calidad de encargada a la abogada Carolina Peña Castillo, asesora jurídica.
Esta última decisión provocó la renuncia a ser integrante de la Junta Directiva de Díaz Güiza, al considerar que no se respetó el orden jerárquico de la entidad y recodó las graves consecuencias de una decisión similar tomada luego de que Jaime Rodríguez Arias dejó la presidencia ejecutiva de la CCV.
Exabrupto
Harold Díaz, expresidente de la Junta Directiva de la CCV, afirmó que no podía consentir el exabrupto del nombramiento que hicieron encargando de la presidencia ejecutiva a Carolina Peña Castillo.
Díaz explicó que el principio aceptó que lo hubieran removido de la responsabilidad de la presidencia de la Junta Directiva porque es una circunstancia normal en las directivas de las entidades, pero después que renunció Fernando
Romero Herrera a la presidencia ejecutiva tenían que encargar del cargo a la persona que sigue en orden jerárquico, que era el secretario y si él no podía seguía el secretario administrativo.
¡Pero, oh sorpresa! nombraron a una asesora jurídica que acaba de llegar y que no conoce el manejo de la CCV, y yo no podía permitir ese exabrupto”, dijo.
Contó que hace dos años, cuando renunció Jaime Rodríguez Arias, dejaron encargada a una persona que tampoco era de la parte administrativa y durante mes y medio los integrantes de la Junta Directiva “hicieron cambios casi estructurales en la entidad, porque pasaron muchos contratos de término fijo a indefinido y personal que estaba vinculado con contrato de libre nombramiento y remoción pasó a ser de la planta y se hicieron tipos de contratación que no fueron muy buenos los resultados de esa gestión”.
Agregó que él se convirtió en una persona incómoda para el grupo mayoritario de la Junta Directiva “porque el 28 de marzo no aprobé los estados financieros porque no venían firmados por Carlos Alberto López, anterior presidente ejecutivo de la CCV, y a mi criterio personal no daban credibilidad; tampoco aprobé que se utilizara el uso de los recursos por ser consecuente lo uno con lo otro”.
Después, agregó Díaz “solicité una auditoría externa para que se revisara el manejo de los recursos de los años 2014, 2015 y enero de 2016, pero por lo elevado de los costos en las cotizaciones iniciales no se pudo hacer y luego, con una cotización con un valor que se ajustaba a un presupuesto razonable, el presidente ejecutivo no alcanzó a firmar ese contrato”, agregó Díaz.
No a coadministración
El expresidente ejecutivo de la CCV Fernando Romero señaló que su posición hoy frente a entidad “no ha cambiado, y en coherencia a mi determinación de ocupar este cargo con dignidad y buscando el bienestar de los comerciantes”.
Agregó, “no puedo aceptar los condicionamientos de una Junta Directiva empeñada en mantener el oscurantismo en la más importante entidad gremial del Meta”.
"Cuando llegué a ocupar este cargo, advertí que la Junta Directiva no podía seguir con sus pretensiones de coadministradores, y que seis meses era tiempo suficiente para evaluar si algunos directivos iban a permitir el cambio que requería la entidad".
“Advertí –prosiguió– que no iba a ser títere de nadie y que mi firme convicción por modificar comportamientos que no están apegados a la ley seguramente iba a incomodar a algunos directivos. Y así fue. El tiempo me da la razón”.
“Hoy es evidente que no es posible contar con la autonomía que el Congreso y la Superintendencia de industria y Comercio, a través de la Ley 1727, quisieron darles a todas las Cámaras de Comercio del país prohibiendo a las Juntas coadministrar”, agregó.
Romero sostiene que no es un secreto que en febrero de este año la CCV estaba a punto de ser intervenida por la Superintendencia de Industria y Comercio y que los señalamientos contra algunos directivos de la entidad dejaban el nombre y la credibilidad de la Cámara en muy mala posición, imagen que intentó cambiar “pero el pasado viernes no me quedó otra opción que renunciar -por tercera vez- y esta vez, las mayorías la aceptaron”.
Lo atractivo
Recursos por $3.200 millones de pesos para este año y los 127 funcionarios vinculados a la entidad son los atractivos que tiene el manejo de la CCV.
El presupuesto para este año es de 13.000 millones de pesos, pero 10.000 están comprometidos en la nómina, el pago del crédito que aún se hace por la construcción del edificio, el plan de inversión y el mantenimiento del edificio, según fuentes de la CCV.
Espere la entrevista con el presidente de la junta directiva Dimas Barrero Pandales, sobre la salida de los directivos y los cuestionados manejos en la entidad.
LLANO SIE7E
@nealrd1
