La decisión de la Asamblea Legislativa de Nicaragua de acatar una orden del Tribunal Electoral y destituir a la mayoría de los diputados opositores le da al presidente Daniel Ortega total control del poder legislativo y sumerge al país en una grave crisis política, que por añadidura ocurre solo a tres meses de las elecciones generales.
Los diputados removidos son los mismos que encabezan la principal coalición opositora y que, afectados por una serie de fallos judiciales que los dejaron sin partido, decidieron no participar en esos comicios que califican de “farsa”. En esas elecciones, Ortega buscará su cuarto mandato, el tercero consecutivo.
Numerosas voces dentro y fuera de Nicaragua han señalado que se trata de un paso más del gobierno Ortega para despejar el espectro político y facilitar la creación de una clara línea de sucesión familiar. El sociólogo nicaragüense y analista político Óscar René Vargas especula que la designada será Rosario Murillo, esposa del Presidente, que sería su fórmula vicepresidencial para los comicios de noviembre.
Para Vargas, Ortega quiere instaurar un régimen de partido único en este país centroamericano. En la práctica, el mandatario –que ya manejaba el poder judicial– tiene ahora el control de los tres poderes del Estado.
Los legisladores expulsados el viernes pasado pertenecen a la Coalición Nacional por la Democracia, la cual ha protestado en las calles todos los miércoles, desde el año pasado, para exigir elecciones libres, transparentes, incluyentes y con presencia de observadores.
“Con esta operación política, el sandinismo histórico u original ha sido enterrado y nace el partido orteguista”, anotó el analista, de tendencia sandinista.
En un pronunciamiento, los mismos diputados destituidos consideraron “particularmente grave” su expulsión del Parlamento a tres meses de las elecciones generales.
Según argumentan, esa decisión tiene “un claro propósito intimidatorio a los que enfrentan al régimen”. “De cara a la ciudadanía, una vez cerrados los espacios institucionales de participación política, es previsible un recrudecimiento de la represión por las vías de hecho o utilizando el aparato de coerción estatal, contra los líderes opositores y ciudadanos que adversan al régimen”, advirtieron.
Para la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, la destitución de los diputados opositores profundiza “la crisis política e incertidumbre que vive el país”, y afecta el clima de negocios.
Entre tanto, para la principal cúpula patronal esa medida debilita la democracia representativa, el pluralismo político y la división de poderes. “Es responsabilidad de todos promover la estabilidad política, el desarrollo sostenible y la cohesión social, pero sobre todo superar con convicción las diferencias políticas e ideológicas, ya que no podemos permitirnos llevar a nuestra patria al límite de la confrontación, como ocurrió en el pasado”, abogó el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en una declaración pública.
Para los disidentes sandinistas, a quienes les fueron destituidos sus cuatro diputados, el modelo de partido único que, a su juicio, quiere instaurar Ortega “amenaza a todos y cada uno de los nicaragüenses que no se manifiesten alineados con la política orteguista”. “Un régimen de partido único quiere decir que nadie puede pensar distinto a la línea oficial. Eso nos amenaza a todos”, indicó la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, para quien Ortega ha mostrado “su verdadero rostro de dictador” al ordenar “destituir a 28 opositores que no se doblegaron ni se vendieron”.
Los legisladores, entre ellos el coordinador de la principal coalición opositora –Eduardo Montealegre–, fueron destituidos de sus escaños por una resolución del Tribunal Electoral a petición del nuevo representante del Partido Liberal Independiente (PLI), el señalado prooficialista Pedro Reyes, que no pocos señalan como un aliado ‘silencioso’ del Gobierno. .
Reyes, un ausente en la política, reclamó la destitución de los diputados que conformaban el PLI ante el Poder Electoral porque estos no reconocieron su liderazgo como nuevo representante legal del partido. Pero no tardó el viernes para inscribir ante el CSE su candidatura presidencial para las elecciones del 6 de noviembre.
Los opositores consideran que los comicios, sin su participación, serán una “farsa” en la que Ortega se validará gracias a la complicidad del resto de partidos que sí competirán con el sandinismo.
De los ocho diputados titulares que quedaban en sus escaños, uno de ellos, Elman Urbina, decidió abandonar su puesto en solidaridad con sus compañeros. Bajo el mando de Montealegre, el PLI ganó 24 de los 91 diputados titulares de la Asamblea Nacional en noviembre del 2011, en la cual eran la segunda fuerza política.
EFE
Managua