Luego de dos meses de la intervención en el ‘Bronx’, este sábado la Policía y el Distrito realizaron nuevamente operativos en los que fueron llevados a hogares de paso 230 habitantes de calle, a quienes, además, se les incautaron 50 armas blancas y 50 dosis de estupefacientes, explicó el coronel Jairo Rojas, comandante de la zona centro de Bogotá.
El operativo se da justo cuando la comunidad que vive en los barrios vecinos a las extintas ollas del ‘Bronx, ‘Cinco huecos’ y del barrio San Bernardo reclaman una intervención “severa”, pues pese a que las autoridades han realizado nueve operativos para llevarlos a albergues, estas personas regresan, ya que no se les puede obligar a que entren a tratamientos de rehabilitación porque una sentencia de la Corte Constitucional lo impide. (Lea: Sigue lío de habitantes de la calle en La Estanzuela)
“No hemos podido abrir los locales desde hace más de dos semanas. Nos untaron las chapas y las entradas de los locales con excrementos”, señalaba Jorge Quintero, que lideró una de las protestas de los comerciantes del barrio La Estanzuela, zona a la que fueron a dar buena parte de los antiguos habitantes del ‘Bronx’.
En este tradicional barrio de Bogotá permanecen a diario, de acuerdo con cifras de las mismas autoridades, unos 200 habitantes de calle que, según habitantes de la zona, están siendo retenidos con dosis gratis de estupefacientes que les proporcionan los antiguos expendedores de las ollas y que quieren seguir con su negocio ilegal.
La situación es igual en el barrio San Bernardo, porque los adictos ahora se van a comprar y a consumir drogas en las zonas aledañas de los colegios.
Las autoridades actúan, pero más se demoran en llevarlos a los albergues que los habitantes de calle en regresar, situación que seguirá persistiendo porque en la sentencia T-043 del 2015 se señala que la mendicidad, si es ejercida de manera autónoma, sin que intervenga “un agente a través de la trata de personas”, no es un delito. (Lea: El puente de la 100 en Bogotá, ¿ahora es conjunto residencial?)
“Cualquier tipo de reproche jurídico, sea en forma de sanciones o intervenciones terapéuticas forzadas, resulta inadmisible en tanto cosifica al habitante de la calle en aras de un supuesto modelo ideal del ciudadano virtuoso”, señala el documento jurídico.
El problema está en que menos del uno por ciento de los habitantes de calle que son atendidos por los servicios que presta la Secretaría de Integración Social del Distrito, entidad encargada de velar por esta población, abandonan la vida de la calle.
De hecho, en lo corrido de este año, esta entidad ha logrado atender a 10.361 habitantes de calle, pero de ellos solo permanecen 286 en tratamientos de recuperación; y el balance que dejó el 2015 demostró que la adicción está ganando la batalla, porque de 15.310 personas atendidas, solo 95 abandonaron las calles. (Lea también: El emotivo reencuentro de un habitante del 'Bronx' con su familia)
Según Integración Social, el éxito en estos casos se dio porque estas personas recibieron una atención integral, en la cual se les brindaron oportunidades para la generación de ingresos, atención en salud y pudieron reencontrarse con sus familias, pero más que todo tuvieron voluntad para superar la calle y la adicción.
Sin embargo, la personera distrital, Carmen Teresa Castañeda, cuestiona precisamente la voluntad de los adictos, por lo que pide a la Corte Constitucional que piense en flexibilizar su postura: “¿El habitante de calle que está alienado por una sustancia psicotrópica tiene voluntad? No la posee, entonces ¿cómo hacemos para llevárnoslos y que ellos lo consientan? ¿Toca pedirles permiso si están drogados?”, señaló Castañeda quien insistió en que se trata de seres humanos como cualquier otro que requieren una atención especial. (Lea: En granjas buscan rehabilitar a los habitantes de calle)
Para expertos como Hugo Acero, exsubsecretario de Seguridad en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, el fallo de la Corte no se puede cuestionar, porque llevar a recuperación a un habitante de la calle contra su voluntad sería un secuestro. “Si ellos no aceptan, no hay posibilidades, a no ser que, en conjunto con Secretaría de Salud, hagan análisis psiquiátricos que determinen cuáles de esas personas no tienen capacidad para decidir”.
Según Javier Flórez, director de la Política de Drogas del Ministerio de Justicia, se debe pensar en disponer de lugares para que ellos residan, pero con control estatal “e inclusive permitirles el consumo”.
BOGOTÁ