Acabar con las minas antipersonales costará 330 millones de dólares

Acabar con las minas antipersonales costará 330 millones de dólares

Vista Hermosa, Meta, será el primero de 52 municipios que deben estar libres de minas en un 1 año.

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30 de julio 2016 , 05:07 p.m.

Hace apenas seis años, 13 personas, entre ellas varios niños, resultaron heridas tras la activación accidental de una mina ‘quiebrapatas’ en el camino que comunica las veredas Caño 20 y Caño Blanco en Vista Hermosa, Meta. Por esa tragedia, los padres de la región no enviaron más a sus hijos a la escuela y las familias abandonaron sus hogares.

Ese municipio, que hizo parte de la zona de despeje con las Farc y luego fue golpeado por la violencia de los ‘paramilitares’, registra 362 víctimas de esas trampas fatales en los últimos 25 años, entre muertos y heridos. Es una de las razones por las que encabeza la lista de 52 municipios con más riesgo que fueron priorizados por la Dirección para la Acción Integral contra las Minas (que depende del Ministerio del Posconflicto) y que antes de que termine este año verán llegar a los equipos militares y civiles que, para el 2017, deben haber arrancado de sus campos esa mortal amenaza.

Lo que eso significa es que dentro de 1 año el 43 por ciento del territorio colombiano afectado por las minas estaría libre de ellas.

(Lea: Hyperion, el robot para detectar las minas antipersonas)

Esta semana, una delegación colombiana se reunió en Washington con altos funcionarios del Departamento de Estado y representantes de otras 22 naciones. Estados Unidos y Noruega apadrinan la campaña de cooperación internacional para el desminado en Colombia, que despegará en septiembre próximo, en la antesala de la Asamblea de Naciones Unidas.

La estrategia, que apunta a tener limpio el país en el 2021, costará unos 330 millones de dólares. “No solo se trata de encontrar y destruir las minas y los artefactos explosivos abandonados, sino de garantizar el derecho al uso de la tierra y a transitar por los municipios que han sido contaminados”, dice Sergio Bueno, jefe de la Dirección contra las Minas Antipersona.

En los 52 municipios priorizados se invertirán 129 millones de dólares. De los 330 millones de dólares, el país aportará al menos 106 millones, correspondientes a los equipos técnicos necesarios para los militares encargados de esa vital misión.

(Además: La historia de la primera mujer desminadora del Ejército)

Esto, sin contar unos 500 millones de dólares que costará el sostenimiento (incluida la nómina y carga prestacional) de los 10.000 militares que serán destinados a reforzar el desminado humanitario en el país.

Las proyecciones del Gobierno señalan que, en total, están contaminados con minas 51 kilómetros cuadrados del territorio, un área equivalente a dos veces el parque Simón Bolívar de Bogotá. El próximo año se barrerían 21.965 metros cuadrados, y los otros 29.000 quedarán para la segunda fase de la estrategia.

Aunque la extensión no parece tan grande, la dificultad principal radica en que no hay certeza sobre su ubicación, y la búsqueda, por las características de los explosivos, es solo confiable cuando se realiza a pie. Tecnologías de punta, como los drones, no son tan útiles en el país porque las minas artesanales la mayoría de las veces no tienen componentes metálicos (a diferencia de las convencionales) y sus mecanismos de activación tampoco son los usuales.

Entre los municipios que fueron priorizados aparecen también San Luis, Antioquia, conocido como la Perla Verde de Oriente por su riqueza en biodiversidad. Allí, la cifra de víctimas de las minas es de 81.

(Lea: 'Luego de la firma de la paz, el país no cambiará al día siguiente')

Además de poner a salvo a los 16.829 habitantes de ese municipio, el plan de desminado –bautizado ‘Descontamina Colombia’– podría potenciar el ecoturismo y otras puertas de desarrollo que ya se vienen abriendo en esa zona del país.

El plan estratégico de desminado también llegará a las goteras de Bogotá, pues se intervendrán veredas del Sumapaz, que por años fue un corredor estratégico de las Farc hacia Uribe y otros municipios del Meta.

Además, en veredas de Medellín, Montería y Santa Marta se desplegarán equipos de desminado para garantizar que estén completamente libres de minas. (Además: Estos son los retos que afronta hoy el desminado humanitario)

Igualmente serán intervenidas veredas de Ituango, en Antioquia; Planadas, en Tolima, y Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Montañitas, en Caquetá; Mesetas, La Macarena y Mapiripán, municipios fuertemente golpeados por el conflicto en el Meta.

El viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, sostuvo que las zonas priorizadas ya fueron informadas a los alcaldes, con quienes se coordinarán los pasos siguientes para la descontaminación y la llegada de planes de desarrollo social de sus regiones.

Hoy, unidades especializadas del Ejército y la Armada adelantan el desminado en la mayor parte del país. También lo hacen tres organizaciones civiles internacionales –Ayuda Popular Noruega, Halo y Handicap– y en pocos días empezará labores la Campaña Colombiana contra las Minas.

A medida que avancen los acuerdos de paz se sumarán a esos grupos –hasta ahora, con el suministro de información sobre ubicación y tipo de explosivo– los guerrilleros de las Farc, como sucede en las veredas El Orejón, Antioquia, y Santa Helena, Meta.

En El Orejón se han desminado más de 15.304 metros cuadrados

Desde hace más de un año, en la vereda El Orejón, en Briceño (norte de Antioquia), el Gobierno y las Farc acordaron iniciar un plan de desminado en el que se identificaron las áreas más contaminadas por minas. En el piloto se seleccionaron cuatro zonas peligrosas de la vereda.

Tras cuatro meses de receso, en abril pasado, se reinició el plan piloto.

Para esta labor se conformó un equipo multitarea integrado por soldados del Batallón de Desminado del Ejército (Bides), representantes de la ONG Ayuda Popular Noruega (APN), miembros de las Farc y de la Dirección para la Acción Integral contra las Minas.

El avance de desminado es, hasta la fecha, de 33 artefactos destruidos en tres áreas señalizadas y más de 15.304 metros cuadrados libres de minas.

El programa piloto está en una segunda fase que implica la entrega de tres polígonos totalmente descontaminados y el apoyo económico a las comunidades para que puedan desarrollar en esas tierras proyectos productivos.

A pesar de los avances, la comunidad aún siente temor por las áreas que continúan con explosivos y por incidentes que se han presentado en zonas que supuestamente ya estaban descontaminadas.

En esta misma región se acordó en junio pasado iniciar un programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

En Santa Helena, Meta, se despejó un área de 20.874 metros cuadrados. Once mil personas de esa zona ya pueden caminar de nuevo por sus veredas.

‘Información que den las Farc, clave’

Sergio Bueno Aguirre, director del Daicma

Sergio Bueno sostiene que el conocimiento acumulado desde hace más de 15 años (desde la creación del Observatorio de la Vicepresidencia contra las minas) y el apoyo internacional han sido claves para definir la nueva estrategia. Asegura que las experiencias en Antioquia y Meta dejan lecciones para hacer más eficiente el proceso de desminado.

La información suministrada por las Farc sobre las zonas y el tipo de contaminación es fundamental para garantizar una mayor efectividad en el desminado humanitario”, dice Bueno.

Añade que el área de búsqueda en El Orejón se amplió a nuevas áreas gracias a información adicional entregada por guerrilleros, y que por esto y por condiciones climáticas el proceso de desminado se ha extendido.

Frente a las 52 zonas priorizadas, el funcionario sostuvo que se tuvieron en cuenta factores de afectación en Parques Nacionales y resguardos indígenas, así como la necesidad de darles seguridad a los programas de Restitución de Tierras y de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos.

“Ahora la tarea es revisar con gobernadores y alcaldes la intervención. La acción articulada y coordinada entre la autoridad nacional y los gobiernos territoriales y locales es fundamental para consolidar el proceso y el trabajo con las comunidades”, dijo el funcionario.

JUSTICIA

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