Hace dos semanas, Carlos Henry Linares Bolívar, un presunto abogado implicado en tráfico de inmigrantes, renunció a su derecho a guardar silencio.
El hombre, de 58 años, le dijo a la Fiscalía que está dispuesto a dar nombres, cargos, celulares y roles de funcionarios del Estado e intermediarios involucrados en una megared con tentáculos en al menos cinco entidades, dedicada a introducir ilegalmente extranjeros al país. (Lea: En seis meses hay más migrantes ilegales en el país que en todo 2015)
Linares busca beneficios judiciales a cambio de ayudar a desarticular ese andamiaje que usa desde puntos fronterizos terrestres –como el puente de Rumichaca, en límites con Ecuador– hasta el aeropuerto El Dorado de Bogotá, para mover a sus clientes entre los que también figuran delincuentes.
El hombre completa varias horas de declaraciones que han dejado perplejos a los investigadores de este fenómeno que ya rompió récord –9.377 ilegales detectados en seis meses– y generó una crisis humanitaria en Turbo, Antioquia.
Según dicen, por montos que van de los 5 a los 10 millones de pesos, la red expide pasaportes originales con información falsa, altera fotos y huellas en cédulas, borra antecedentes penales, realiza apostilles falsos de documentos y hasta levanta embargos e hipotecas para ayudar a mover a los inmigrantes hasta Estados Unidos.
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EL TIEMPO tuvo acceso a la información suministrada, las cual revela que, además de Migración Colombia, en la red hay involucrados funcionarios de Cancillería, Registraduría, Dijín y de oficinas de Instrumentos Públicos.
“Ya habíamos capturado a 12 funcionarios de Migración Colombia y a dos particulares, quienes han recibido condenas de entre 8 y 11 años de cárcel por introducir ilegalmente al país a ciudadanos cubanos, nepalíes, somalíes, bengalíes, ghaneses, indios, paquistaníes, dominicanos, ecuatorianos y sirios. Pero lo que estamos descubriendo rebasa las hipótesis iniciales”, admite uno de los investigadores.
Viajes a Cuba
Y agrega que en varias de las 1.100 llamadas interceptadas a la red, funcionarios estatales y el testigo Linares le reportan los ‘positivos’ a Óscar Javier Gómez Moreno, alias Payaso, uno de los líder de la organización.
‘Payaso’ es un oficial de Migración apostado en el aeropuerto El Dorado, quien trabajó en el desaparecido DAS. De hecho, al menos tres de los miembros de la red provienen de ese organismo.
Dos de ellas son Elizabeth Padilla Farfán y Carmen Alicia Franco Acosta. Tras la liquidación del DAS, ambas terminaron trabajando en la Dijín-Interpol y acaban de ser capturadas señaladas de borrar y alterar antecedentes de clientes de la red.
(Lea también: Las dos posibilidades que baraja Migración sobre ilegales en Turbo)
“El otro ex-DAS es Jhan Carlos Quintero Cruz, oficial de Migración. Eso nos lleva a pensar que esta red opera desde hace más de 15 años sin haber sido detectada”, explica el investigador.
Además de registrar desplazamientos a Cuba, de donde viene el mayor número de inmigrantes ilegales, Quintero tiene varias investigaciones en la Fiscalía por delitos que van desde secuestro simple hasta hurto de vehículos, pasando por lesiones personales.
Agentes federales confirmaron que, cuando estuvo en La Habana, el hombre ingresó a Estados Unidos por Miami, en donde fue detenido, se le canceló la visa y fue expulsado, aunque intentó pedir refugio. Hoy está tras las rejas luego de que sus compañeros de Migración lo capturaron.
Ahora se sabe que Quintero había sido retirado del DAS por facultad discrecional. Pero un juez ordenó reintegrarlo y terminó trabajando en esa entidad, clave para el tráfico humano.
Rumichaca y chinos
Y aunque aún faltan varios funcionarios de esa entidad por capturar, la investigación se enfocada ahora en sus cómplices en otras dependencias del Estado. En la Cancillería, por ejemplo, están algunos de los objetivos, y ya hay datos certeros.
“Hace más de 8 o 10 años conozco al contacto que trabajaba en el archivo de la Cancillería y ahora está de misión diplomática en Suramérica. Ha ayudado a sacar pasaportes, entre ellos los de una pareja de colombianos que vivía en Tel Aviv y que tenía orden de captura. Se les hicieron cédulas nuevas con otra identidad. El de la Cancillería cobra 7 millones de pesos”, explicó el informante. Y entregó el dato del empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores que tramita visas ilegales para ciudadanos chinos: “Por cada chino cobra 5 millones de pesos”.
Los cómplices en la Registraduría también fueron identificados.
“El contacto es alias Junior. Por el arreglo de una cédula, que es cambiar la foto y la huella, cobra 150 mil pesos. Ha hecho suplantaciones a 30 o 40 personas requeridas por autoridades y migrantes cubanos. Una de las cédulas suplantadas está a nombre de Julio César Salas, de Montería”, dice una de las declaraciones a las que EL TIEMPO tuvo acceso.
Y agrega que, incluso a una de sus clientes, además de sacarle cédula y pasaporte falsos se la ayudó a borrar el embargo de unos predios para que los pudiera vender. Ese trámite se realizó a través de un hombre que tiene contactos en la oficina de Instrumentos Públicos: “Hacen cualquier gestión con hipotecas, embargos, apostilles, permisos y todo lo relacionado con notarías. Por eso cobran 5 millones de pesos”.
La banda también tiene tentáculos en cada uno de los puntos fronterizos terrestres. Pero hasta ahora solo se conoce al eslabón en el puente de Rumichaca, frontera con Ecuador, por donde entran los cubanos y haitianos rumbo a Turbo.
Su alias es Papas y su nombre –al igual que el de los otros implicados–, no se puede revelar hasta que sea judicializado: “Es el encargado de tramitar las salidas por ese puesto fronterizo de mulas, ladrones internacionales y tráfico de migrantes. Tiene los contactos en Migración Colombia y Migración Ecuador. Cobra 500 dólares por colocar los sellos”.
Por otro lado, la Fiscalía ya tiene identificado a ‘Alfonso’, el hombre que se encarga de conseguir las cartas laborales, los extractos bancarios, las certificaciones de libertad, los diplomas y las certificaciones de universidades para sacar la visa a Estados Unidos: “Cobra un millón de pesos por los documentos, y si la visa es aprobada, 4 millones en total”.
De hecho, ese es el trámite que más vale, 10 millones de pesos, porque requiere falsear el perfil del viajero. Les consiguen falsas certificaciones, les borran delitos, los entrenan para la entrevista y le dan el documento original. Esa trampa tiene furiosa a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que decidió asignar a la investigación a miembros del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS).
De hecho, los agentes federales ya solicitaron la evidencia recogida por Migración Colombia y por la Fiscalía para fundamentar la extradición de varios de los cabecillas de la red.
Además, indagan si esta organización podría estar siendo utilizada para el ingreso de potenciales terroristas.
A pesar de las evidencias, algunos de los capturados están solicitando que se anulen sus capturas, alegando irregularidades en la diligencia de allanamiento y capturas.
Esta semana, un juez decidirá si los pone o no en libertad. Además, para este martes está prevista la audiencia en la que la Fiscalía presentará el escrito de acusación en contra de seis miembros de la red.
Entretanto, Linares continúa dando nombres y cargos de otros funcionarios involucrados en esta organización criminal.
La preocupación es que mientras se desmantela toda la banda, la crisis humanitaria y el hacinamiento de cubanos, haitianos y otros extranjeros que se vive en Turbo se empiece a repetir en Nariño y Cartagena, por donde la red mueve silenciosamente a los inmigrantes.
Emergencia en Turbo por 1.273 cubanos
Hacinados en una bodega en Turbo, Antioquia, permanecen 1.273 cubanos, incluidos cerca de 300 menores de edad.
Durante una misión humanitaria en terreno, la Defensoría del Pueblo evidenció graves problemas de habitabilidad para estas personas, que en muchos casos duermen a la intemperie. Al cabo de varios días de verificación sobre el panorama de estos migrantes, que buscando transitar hacia Estados Unidos han llegado al Urabá antioqueño, la Defensoría evidenció que la situación es particularmente delicada por la cantidad de personas que allí están varadas.
Esa entidad alertó por el estado de salud de 24 personas y pidió también atención para 11 mujeres embarazadas. La situación es alarmante porque la mayoría de estos migrantes consumen una alimento diario y apenas hay cuatro baños en el lugar.
La Defensoría pidió extremar los controles y frenar a las mafias que los mueven.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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