El primero en celebrar el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima, que le dio viabilidad a la realización de una consulta popular minera en Ibagué, fue el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, quien desde su campaña prometió combatir la explotación de minerales a cielo abierto.
Con el fallo, los ciudadanos decidirán en las urnas si quieren o no que en la jurisdicción de Ibagué se ejecuten proyectos de minería a gran escala.
“No estamos interesados en minas ni en la megaminería a cielo abierto”, dijo el alcalde Jaramillo, y agregó que “esa actividad acabaría” la producción de agua en los ríos Combeima, Coello y Totare, los cuales abastecen a acueductos como el de Ibagué y, de paso, mantienen la producción agrícola de la región. “Queremos una ciudad verde, sostenible y productiva, que aumente su producción en los campos”, insistió.
Aunque no mencionó a Anglogold Ashanti, compañía que realiza labores de exploración en la parte alta de Cajamarca, municipio que está a media hora de Ibagué, Jaramillo aseguró que la consulta es “un mensaje directo a todos los que han utilizado la megaminería como forma de desarrollo en los países”.
La pregunta que se les hará a los ibaguereños quedaría redactada así: “Está de acuerdo con que en el municipio se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística”.
Por su parte, Jorge Cardozo, director de Cortolima, cree que la constitucionalidad del proceso “marca un hito en la historia”, ya que por medio de un mecanismo constitucional y legal se le consultará a la comunidad sobre la conveniencia de adelantar ciertas actividades en su suelo.
Lo que viene es la notificación del fallo al Concejo y la Alcaldía, para que esta última, en el término de 8 días, defina la fecha de la consulta popular, cuyos costos ascenderían a unos 500 millones de pesos.
La ley establece que se necesita el 33 por ciento del censo electoral de la ciudad, o sea 129.509 votos, a fin de que sea válida la consulta. Para que gane una de las dos opciones, se requiere la mitad más uno de esa votación.
En medio de todo, el abogado Nicolás Ricardo Espinosa señaló que Ibagué no necesita una consulta, pues en reciente fallo la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 37 del código minero, el cual señalaba que solo el Gobierno Nacional era el autorizado para determinar las zonas vedadas para el ejercicio de la minería.
El ingeniero forestal, Luis Carlos Hernández, de la ONG Ecotierra, afirmó que más que una consulta antiminera, se trata de una actividad legal que blinda y protege los ríos y ecosistemas. “Lo que se está combatiendo no son las actividades de explotación de material de arrastre de los ríos, sino la minería de metales como oro, plata y cobre, que utiliza sustancias tóxicas para separar los minerales que contiene una roca”, dijo Hernández.
FABIO ARENAS JAIMES
Corresponsal de EL TIEMPO