Empresarios del sector minero y de materiales para la construcción serían los directamente afectados con la consulta que se pretende realizar en Ibagué, para que sean los ciudadanos y no el Gobierno los que autoricen o no actividades de minería.
Agregaron que además se pone en peligro el abastecimiento de insumos esenciales para la fabricación de cemento y concreto.
El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, afirmó que preveían una consulta sobre el tema, pues se ha debatido bastante en la región. “En la votación del Concejo de la ciudad quedó 10 contra 9, y luego se llevó al Tribunal del Tolima, en donde la decisión fue muy dividida y demorada porque hubo recusaciones, y, finalmente, se expidió”, dijo.
El dirigente agregó que “es triste que para hacer una pregunta sesgada, que no se refiere a la minería que se hace con requerimientos técnicos, se van a gastar unos 13.000 millones de pesos, que es el doble del presupuesto que tiene la ciudad para recreación y deporte y para infancia y adolescencia”, explica.
Por su parte, la compañía Anglogold Ashanti señaló que por ahora no hará un pronunciamiento con respecto al fallo, debido a que todavía no conoce el contenido.
Sobre este asunto, fuentes del sector minero recordaron que el proyecto La Colosa todavía no tiene un estudio de impacto ambiental, lo que quiere decir que todavía no está produciendo oro ni hay actividad minera de extracción en jurisdicción del municipio de Cajamarca.
Cabe recordar, además, que desde el 2013 Anglogold Ashanti inició el proceso de renuncia a 6 contratos de concesión en el cañón del río Combeima, de los cuales cuatro se radicaron ante la Agencia Nacional de Minería en noviembre y diciembre del 2012, mientras la salida de los otros dos se presentó en mayo y agosto del 2014. (Además: Serán las propias comunidades las que veten minería en su territorio)
Tras la puerta que abrió la Corte Constitucional para que entre los municipios y el Gobierno se concierte el uso del subsuelo, que es propiedad del Estado, el presidente de Asogravas, Carlos Fernando Forero, advirtió en junio que si la consulta se llega a efectuar, puede haber un efecto dominó en varios municipios que consideren que este es el camino para hacer el ordenamiento del territorio, y habría procesos similares de manera recurrente no solo en el Tolima, sino en otras zonas del país.
La preocupación tiene que ver con el efecto que habría para el desarrollo de las obras civiles y de vivienda, toda vez que desde fuera de Bogotá ingresan cerca de 450.000 toneladas mensuales de agregados y materiales de construcción, de ellas el 83,3 por ciento se extrae en el Tolima.
El Ministerio de Minas y Energía se abstuvo ayer de realizar algún pronunciamiento sobre la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima y, a través de su oficina de prensa, anunció que el ministro Germán Arce hará un pronunciamiento el lunes.
EL TIEMPO
