“Con la paz, el archipiélago será el gran beneficiado” acaba de decir en su visita a las islas el presidente Santos. El Gobernador y el Alcalde de Providencia reiteraron su apoyo al plebiscito para refrendar los acuerdos, repitiendo el lema ‘Con la paz, el mar de los siete colores se viste de blanco’. Sin embargo, ninguno de esos eslóganes ha sido suficientemente explicado, como tampoco lo han sido los acuerdos ni las oportunidades que estos abren para la construcción de la paz.
La Asamblea Departamental aprobó pedirle al Gobierno que el acuerdo con las Farc se firme en San Andrés, arguyendo que la isla es un “territorio de paz”. Pero la propuesta ha suscitado voces en contra con dos tipos de preocupaciones. Unas aducen el aumento de la delincuencia y la violencia como prueba de que San Andrés dejó de ser un ‘remanso de paz’. Otras temen que la propuesta al Presidente comprometa a las islas a recibir más gente cuando ya está sobrepoblada.
Corine Dufis, vocera de Amen SD, advirtió: “Han estado trayendo desplazados y reinsertados, y ahora, con la firma de la paz, lo más seguro es que también nos van a traer desmovilizados”. El Gobernador sostuvo que las islas no pueden ser destino para víctimas del conflicto. El director de la Oficina de Control Poblacional señaló que no puede haber paz con cordones tuguriales y que había acordado con la Unidad de Víctimas no permitir que entre “ni uno más”. Ethel Bent señala que hay presión por un ‘plan retorno’ para el que calcula en casi un centenar las familias de desplazados que han llegado a la isla.
Desde El Isleño, Cristina Bendeck se pregunta, en cambio, si la firma de los acuerdos en San Andrés puede generar efectos positivos, como el de darle visibilidad a ese territorio “golpeado por la violencia, la intolerancia, el facilismo, la sobrepoblación, el desplazamiento, la corrupción, el tráfico de drogas ilícitas, la desigualdad, la crisis identitaria”, y considera que esta puede ser una oportunidad para revisar la sostenibilidad del modelo socioeconómico y para el intercambio de experiencias sobre procesos de reconciliación que ayuden “en una isla desintegrada en identidades colisionadas”. Y agrega que asumir esos retos requiere que el Gobierno central “le pierda el miedo al empoderamiento de la isla” y que los pobladores del archipiélago logren “superar el síndrome de fatalidad colectiva que inhabilita para aprovechar oportunidades y generar valor colectivo”.
El caso de San Andrés da luces sobre lo que ocurre también en otras regiones de esta Colombia multiétnica y pluricultural que, como el archipiélago, no han sido escenario de la confrontación armada pero han experimentado y viven otro tipo de conflictos. La falta de una adecuada explicación de los acuerdos de La Habana hace saltar allí distintos miedos e interrogantes.
Hace falta reflexión y clara explicación sobre cómo estas regiones pueden hacer parte del proceso de construcción de paz territorial con reordenamiento ambiental, de la redefinición de la problemática de las drogas en sintonía con su propia realidad cultural y social, de la construcción de perspectivas diferenciales que garanticen derechos e inclusión de minorías en igualdad de condiciones –como lo reclama el enfoque de género que acaba de ser adoptado en La Habana para todos los acuerdos.
Es urgente presentar con claridad las oportunidades que brinda el posacuerdo para los territorios más vulnerables. Este permite comenzar a construir desde allí un nuevo país, mientras que la construcción de la paz exige afrontar por fin graves problemas nacionales que están en mora de ser asumidos, uno de los cuales es la recomposición del tejido social en regiones fracturadas.
Socorro Ramírez