Colombia es un país con vocación por la conservación, aunque muchas veces los intereses económicos primen sobre el manejo de la biodiversidad. Como parte de esa vocación el país cuenta con 59 áreas protegidas en ecosistemas terrestres y marinos.
Sin embargo, uno de las grandes debilidades en este proceso ha sido garantizar la conservación de ecosistemas acuáticos. Por eso no sorprende ver los grandes esfuerzos que se han hecho en los últimos años para darle un marco legal al manejo de páramos y humedales, y la fuerte oposición de algunos sectores para que esto ocurra.
Los ríos han sido vislumbrados tradicionalmente como vías de transporte y comunicación entre regiones, y en algunos casos como limites geográficos para delimitar áreas protegidas, pero nunca es claro si hacen parte o no de la misma.
El abandono de nuestros ríos es evidente a lo largo y ancho del país. El río Magdalena es uno de esos ejemplos de un ecosistema agonizante y donde aún no ha sido suficiente los esfuerzos que se han hecho.
De alguna manera, las corporaciones regionales han tratado de abordar el tema de los ríos a través de los Pomcas (planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas), y si bien la intención es buena y necesaria, desafortunadamente no contempla el tema de la biodiversidad.
Por tal razón ha sido necesario buscar otro tipo de figuras que miren de manera integral las cuencas hidrográficas, y en este sentido sobresale la figura de río protegido que se ha implementado en algunos países del mundo como Estados Unidos, India, Chile y Canadá entre otros.
Con esto en mente hace ya más de dos años se creó una alianza entre instituciones para poder implementar de manera piloto esta figura en el río Bita. Las razones de seleccionar al Bita fueron que representaba la mayoría de ríos de la Orinoquia, que en esta región se adelantan y se proyectan las mayores transformaciones de paisaje por actividades económicas en el país, especialmente exploración y explotación de hidrocarburos y grandes proyectos forestales.
Además de esto, el Bita es un río que aunque es muy poco conocido se encuentra en buenas condiciones de conservación, con delfines, nutrias, dantas, jaguares y la presencia de peces de mucho interés para la pesca deportiva como los pavones.
Además, la densidad humana es muy baja y la tenencia de tierra está en manos de ganaderos, agricultores y forestadores, con los que eventualmente se puede llegar a acuerdos.
La figura es innovadora en el sentido que se basa justamente en establecer reglas de uso entre propietarios y usuarios del río. Algunos de esos acuerdos ya estarían respaldados por normativas nacionales enfocadas a pesca, caza, protección de rondas hídricas y la no contaminación de cuerpos de agua con agroquímicos.
La idea no es restringir su uso, sino de aplicar normas y monitoreo del río. Igualmente plantea la conservación desde la sociedad civil en cabeza de los propietarios de los predios; de hecho ya existen varias reservas privadas de la sociedad civil, y lo que se quiere es justamente transmitir ese espíritu: el de un territorio donde el desarrollo de actividades económicas vaya en equilibrio con la conservación de los bosques, los cuerpos de agua y el mantenimiento de la biodiversidad.
Igualmente esta figura busca mostrar como la altillanura no es simplemente un lienzo vacío donde se puede desarrollar cualquier iniciativa económica, sino que existe un componente natural que es vital para la región y el país.
Fernando Trujillo, PhD.
Director Científico
Fundación Omacha
