El Tribunal Administrativo del Tolima le dio visto bueno a la realización de una consulta que deberá realizarse bajo la batuta de la Registraduría Nacional en un término de 3 meses. Tras un estudio de legalidad y constitucionalidad que se prolongó varios meses, votaron a favor los magistrados Carlos Leonel Buitrago, Belisario Beltrán Bastidas, Carlos Arturo Mendieta y Susana Acosta.
El Tribunal determinó que la pregunta de la consulta, así como la iniciativa para definir proyectos mineros en la región, liderada por el alcalde Guillermo Alonso Jaramillo desde el primer día de administración, está ajustada a la Constitución.
“En campaña prometí una consulta para detener la explotación de la megaminería a cielo abierto que pondría en vilo los recursos hídricos de Ibagué y Cajamarca por la mina La Colosa”, afirmó el alcalde Jaramillo, quien cree que una posible explotación de oro por parte de Anglogold Ashanti en Cajamarca, municipio vecino de Ibagué, afectaría las cuencas de los ríos Combeima, el cual alimenta el acueducto de la ciudad, y el Coello, que surtirá a futuro un acueducto complementario para darles agua a unos 80.000 ciudadanos de zonas periféricas.
“Una vez nos notifiquen la decisión, contamos con una semana para definir el día de la consulta popular, que deberá trabajarse en su parte logística de la mano con la Registraduría”, señaló el mandatario, quien agregó que la participación ciudadana se promoverá a través de foros y conferencias en los barrios.
Para ser aprobada se necesita el 30 por ciento del censo electoral de la ciudad, o sea que 130.000 ciudadanos, apoyen la pregunta de si “están de acuerdo que en el municipio se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística”.
Jorge Cardozo, director de Cortolima, dijo que la constitucionalidad de la pregunta marca un hito en la historia nacional ya que “por medio de un mecanismo constitucional y legal se le consultará a la comunidad sobre la conveniencia o no de adelantar ciertas actividades en su territorio”.
Destacó su importancia dado que Ibagué contiene numerosos activos y valores ambientales “que debemos proteger” y habló de las áreas que están al margen del Parque Nacional Natural Los Nevados.
El primer paso de la consulta se dio a comienzos de este año cuando en una reñida votación de 10 votos a favor y 9 en contra, el Concejo le dio facultades al Alcalde para tramitar este procedimiento y toda esta situación se presenta pese a que por ahora Anglogold Ashanti adelanta labores de exploración en la zona montañosa de Cajamarca.
El abogado Nicolás Ricardo Espinosa señaló que Ibagué no necesita una consulta de este tipo pues la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 37 del código minero, el cual señalaba que solamente el Gobierno Nacional era el autorizado para determinar las zonas vedadas para el ejercicio de la minería.
“Esa decisión ya la pueden tomar las entidades territoriales a través del Plan de Ordenamiento Territorial”, dijo el abogado y agregó que la consulta es utilizada por el Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo “con fines políticos para ocultar su incapacidad de gobernar pues los problemas sociales aumentan cada día más”.
“La consulta es una gastadera de plata innecesaria”, aseguró.
Entre tanto Diana Rodríguez, investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), señaló que la decisión del Tribunal en sala plena le da mayor peso y relevancia a este proceso. “Concertar es vital, las decisiones no se pueden seguir tomando en su totalidad desde el nivel central”, dijo Rodríguez.
IBAGUÉ