Con el hashtag #EnIbagueHayConsulta en redes sociales diferentes sectores del movimiento ambiental colombiano celebraron la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima de darle luz verde a la consulta popular en la capital de ese departamento para que los ciudadanos sean quienes decidan si quieren o no proyectos de megaminería en su territorio.
Según destacó el portal Red por la Justicia Ambiental en Colombia, los cerca de 35 títulos de minería en la ciudad coincidían con áreas de páramos, la cuenca del río Combeima, reservas de la sociedad civil y parte del cerro –volcán Machín. Además de otros proyectos en municipios aledaños, ponían en riesgo el abastecimiento de agua de la ciudad.
Alejandro García, uno de los voceros del Comité Pro Consulta, que agrupa a diferentes organizaciones y ciudadanos que defienden el derecho a decidir respecto a la minería en sus territorios, explica que "este tema de la consulta y el radicado que instauró el alcalde de Ibagué (Guillermo Alfonso Jaramillo, exsecretario de Salud de Bogotá) es el resultado de seis años de trabajo social en contra el proyecto La Colosa regional. La pregunta de la consulta incluso es clara porque se les va a preguntar a los ciudadanos si quieren o no el tipo de minería que ponga en riesgo la vocación agropecuaria y turística de los municipios".
García señala que con el proyecto La Colosa en Cajamarca (considerada una de las reservas de oro más grandes del país), por la extensión de los títulos, se pierde precisamente la vocación tradicional del municipio.
Vale aclarar que todavía no se conoce la notificación del fallo del Tribunal, por lo que este movimiento ambiental está a la espera de la definición de la fecha y otros asuntos normativos, como la creación formal del Comité Pro No, que impulsaría una campaña para que los ciudadanos conozcan las razones por las que defienden el agua de la minería.
"Nosotros estamos optimistas con el voto por el no, porque un gran medidor fue la octava marcha carnaval, donde más de 120.000 ciudadanos salieron a marchar. Además, con la decisión del Tribunal muchos sectores sociales, religiosos, artistas y partidos políticos están en apoyando el No", anota García.
Carlos Lozano, abogado especialista en temas ambientales de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida), asegura que la "consulta popular significa que los derechos a la participación se están tomando en serio por parte de las autoridades judiciales. Y eso es un gran avance en Colombia. Los jueces colombianos le están dando cátedra de justicia ambiental al Gobierno y al mundo".
De hecho, Lozano menciona que en Ecuador están siguiendo de cerca los fallos de prohibición de minería en páramos y de las consultas populares como ejemplos de defensa de los territorios.
Para el experto la consulta "es una muestra de que las comunidades y los gobiernos locales tienen un derecho constitucional en participar del ordenamiento territorio. Este incluye no solo al suelo, sino también el subsuelo, porque la división entre ambos tiene sentido desde el punto de vista económico, pero desde lo ecosistémico es absolutamente artificial".
VIDA / MEDIOAMBIENTE
