El Juzgado 61 Penal Municipal, con función de control de garantías, ordenó, por petición de la ANI, la suspensión del pago que se debía realizar por la expropiación de un predio en el Valle del Cauca.
La providencia dice que “se ordena la suspensión del proceso ejecutivo derivado de la expropiación de un inmueble (Parador de Buga), en donde se llevaron a cabo las decisiones sobre avalúos, mandamientos de pago y embargo a algunos bienes de la Agencia Nacional de Infraestructura”.
La controversia jurídica se suscitó cuando el juzgado de Buga a cargo de Norella Acpsta Tenorio le dio paso a un avalúo al Parador de Buga.
La ANI cuestiona el avalúo. “Esa es una excelente noticia. Tenemos que proteger los dineros de los colombianos y evitar que este tipo de situaciones sean exitosas por parte de quienes tratan de cometerlas”, explicó el presidente de la entidad, Luis Fernando Andrade.
En la audiencia pública, que duró más de ocho horas en los juzgados de Paloquemao, los representantes de la ANI y de la Fiscalía General de la Nación señalaron que "en junio pasado, se le imputaron cargos a la juez segunda civil del Circuito de Buga por su presunta participación en las irregularidades que rodearon el proceso de expropiación del complejo turístico llamado Parador de Buga, que era necesario para el mejoramiento de la malla vial entre Cali y Buga. Por tal motivo, la funcionaria incurrió en los delitos de concusión, cohecho propio y prevaricato por acción".
Según la investigación de la Fiscalía, los avalúos del predio, que en principio tenían un valor de $2.000 millones y que al final terminó costando unos $17.000 millones, lo cual al día de hoy y más intereses del valor, la ANI, debía pagar más de $34.700 millones.
"Según lo expuesto por el representante de la Fiscalía General de la Nación, la juez tomó decisiones irregulares, luego de haber recibido dineros en 2007 por parte de Carlos Andrés Grajales Gamba. Para la Fiscalía, los hechos cometidos por la juez son graves, en el sentido de que en varias interceptaciones telefónicas quedó registrado un acuerdo entre la funcionaria y Grajales, con el que se buscaba engañar al Estado", dice un comunicado de la Agencia..
En la actualidad, está pendiente por resolver la apelación de la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), contra la decisión que negó la medida de aseguramiento en centro carcelario, como la celeridad de la Fiscalia en el proceso penal que se adelanta.