El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva elevó este jueves a nivel internacional sus problemas con los tribunales y presentó una demanda ante la ONU, en la que se dice víctima de una "persecución judicial y política" en su país. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU confirmó este viernes que recibió la queja.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2011, enfrenta desde el año pasado graves acusaciones de corrupción por las que es objeto de diversos procesos que ha denunciado como una "persecución política y judicial", que en su opinión se confirmó en marzo pasado, cuando fue llevado por la fuerza a declarar en una comisaría.
En ocasiones, el exmandatario ha llegado a vincular esos procesos con el juicio político instaurado por el Senado contra su pupila y sucesora, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones en mayo pasado para responder a la causa que le puede costar el cargo y consolidar en el poder a su antiguo vicepresidente Michel Temer.
Entre otros asuntos, Lula es investigado por supuestos delitos de ocultación de patrimonio, falsificación de documentos y blanqueo de dinero, cargos que ha negado una y otra vez y se relacionan, en su mayoría, con una finca y un apartamento que se sospecha que son de su propiedad y producto de "favores" ofrecidos desde el poder.
Según informó este jueves el Instituto Lula, que él mismo dirige, el exmandatario ha decidido llevar sus denuncias respecto a la supuesta "persecución" que sufre al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La demanda fue presentada por el abogado australiano Geoffrey Robertson, especialista en derechos humanos, quien explicó los términos de la acción en un vídeo grabado en Ginebra, a las puertas de la sede de ese organismo de las Naciones Unidas.
Según Robertson, Lula "ha visto su privacidad escandalosamente invadida. Su teléfono, los de sus familiares y los de sus abogados fueron intervenidos. El contenido de muchas de esas conversaciones fue enviado a la prensa y todo eso contraría leyes internacionales y las reglas básicas que protegen la privacidad individual".
El abogado afirma que "todo esto está siendo hecho por un juez que puede ser un buen investigador de la corrupción, y la corrupción debe ser investigada, pero cuando se trata de juzgar es preciso tener a alguien completamente imparcial".
Alude así al juez Sergio Moro, responsable de la investigación de las corruptelas en la estatal Petrobras y que con ese proceso ha llevado a prisión a influyentes políticos y poderosos empresarios, lo cual le ha dado fama de inflexible e inusualmente duro.
Según Robertson, la imparcialidad "es una de las grandes normas" que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU "garantiza" y que ya "defendió en el pasado y defenderá ahora", en el caso de Lula. "Los jueces no pueden ser acusadores", sostiene el abogado, quien apunta que hay "una cuestión preocupante en Brasil y otros países de América Latina, que tienen viejos sistemas inquisitorios, en los cuales los fiscales y los jueces pueden arrestar sin fianza a una persona antes del juicio".
Robertson citó que "organismos de derechos humanos dicen que en Brasil muchos mueren en las cárceles sin condenas, antes de que concluyan los juicios", y afirma que "la única base para llevar a alguien a prisión antes de la condena sería la posibilidad de fuga o de que cometa otros delitos".
También criticó el sistema de cooperación judicial ofrecido a muchos de los detenidos por el escándalo en Petrobras, que a cambio de confesiones y delaciones han logrado sustanciosas reducciones de sus penas.
En Brasil "las personas son detenidas indefinidamente hasta que confiesen", pero "no son confiables, porque pueden decir lo que los fiscales quieren para salir de prisión, no porque sea la verdad", sostuvo Robertson.
La presentación de la demanda ante la ONU coincidió con la divulgación de un informe de la Policía Federal brasileña, que alimenta aún más algunas sospechas que existen contra Lula.
Según ese informe, la Policía dice haber comprobado que costosas reformas hechas en una finca situada en la localidad paulista de Atibaia fueron "dirigidas" por Lula y su esposa Marisa Leticia, y estuvieron a cargo de constructoras implicadas en las corruptelas en Petrobras.
La residencia figura a nombre de dos empresarios muy allegados a Lula, de quien las autoridades sospechan que es el verdadero dueño. Entre las reformas hechas en la finca, figura la compra y equipamiento de una cocina muy similar a otra instalada en un apartamento situado en el litoral de Sao Paulo que también se cree que es de Lula, pese a que no figura como propietario.
EFE