Experta en temas rurales, la exdecana de Economía de Los Andes, Ana María Ibáñez, está muy contenta con los términos del “ambicioso” Acuerdo Agrario ‘Hacia un nuevo campo colombiano: una reforma rural integral’, firmado en La Habana. Eso sí, advierte que si el Estado, el Gobierno, las autoridades, los sectores público y privado no se unen, la oportunidad se podría feriar.

Una columna suya, publicada en el diario Portafolio en junio, describe en forma contundente los alcances de esta necesaria y urgente “revolución agraria”. El título que escogió recoge su sentir: ‘Después de la fiesta: a trabajar en el campo’, que ha sido comentada y subrayada en distintos espacios. El exministro Rudolf Hommes, por ejemplo, en su espacio habitual de los domingos en este diario, destacó que su llamado para que las instituciones del sector agrario se fortalezcan, se desprendan de los intereses politiqueros que las han acompañado por décadas y trabajen con una visión de Estado, merece una moción de urgencia en la agenda de prioridades del Estado.

Ana María comenzó a hurgar en la problemática del desplazamiento forzado desde 1999 y a estudiar la situación del campo colombiano. Su libro El desplazamiento forzado en Colombia: un camino sin retorno a la pobreza, es un vademécum para quien quiera ahondar en este fenómeno, que nos ha colocado en el triste primer lugar de desplazamiento interno en el mundo.

Se va durante seis meses a dictar clase a la Universidad de Yale. “Voy a dar un seminario sobre análisis económico en el conflicto armado. Me fascina enseñar. Estar en una universidad, rodeada de gente joven todo el tiempo, es muy vital. Tal vez por eso es que soy tan optimista. Me impresionan los jóvenes de hoy porque son una generación distinta a la mía. Son muy conscientes de los temas sociales, quieren ayudar a cambiar la situación, construir país. Persisten en la idea de que van a cambiar el mundo. Tienen una preparación académica impresionante”.

¿Qué podría decir del primer punto del Acuerdo Agrario, en donde establece que se debe mejorar el acceso a la tierra y fortalecer los derechos de propiedad?

Lo primero es señalar que el acuerdo fue muy bien diseñado y es una oportunidad maravillosa para hacer lo que nunca se había hecho en el sector agrario y que se tiene que hacer ya. Lo que dice el acuerdo es que se deberá asignar tierra de formas diferentes. Una es a través del Fondo de Tierra, constituido por baldíos indebidamente apropiados; por predios de extinción judicial de dominio; por predios de sustracción de reservas; por tierras donadas y por tierras que pueden ser expropiadas administrativamente, ya sea porque no están explotadas o porque son de interés social. El acuerdo contempla dos temas adicionales para asignación de tierras: uno es que se continuará el proceso de restitución de tierras a población desplazada, que implicará un proceso muy importante.

¿Por qué?

Porque permitirá adjudicar tierras a personas que estaban como colonos pero que no habían formalizado su ocupación y, por otro lado, permitirá legalizar tierras que sí se habían adjudicado, baldíos, pero sobre las que no se tenía títulos de propiedad. Eso es una cantidad de tierras importante. Por otro lado, el acuerdo dice que se seguirán asignando baldíos y tierras de reforma agraria. Entonces, el acuerdo tiene una cantidad de mecanismos para adjudicar tierra, lo que es una muy buena noticia. Pero tenemos que ser pragmáticos. La capacidad del Estado para expropiar tierras por extinción judicial, o baldíos indebidamente apropiados, ha sido bastante limitada. Del mismo modo, la capacidad del Estado para asignar tierras de reforma agraria ha sido precaria. Lo que ha logrado el Estado, con efectividad importante, es la asignación de baldíos. En resumen, lo que hay que tener en cuenta en este tema de asignación de tierras es cuál ha sido la capacidad histórica del Estado para ejecutar esa política. No es que firmemos el acuerdo y al otro día tengamos un Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural eficiente, no burocratizado y despolitizado. Una agencia de tierras eficaz. Ese es un proceso que toma tiempo y cuando se comience a desarrollar la etapa de conflicto, se debe tener presente esa tradición histórica para superarla con trabajo y voluntad política.

¿Con todos los predios incautados a los narcos no hemos tenido experiencias exitosas?

Por extinción de dominio, se demoran hasta veinte años expropiando un predio que de antemano se sabía que pertenecía a una persona que cometió actos ilegales, que era narcotraficante y además con problemas penales no resueltos. Ni siquiera se ha podido lograr celeridad en estos casos.

Entonces, ¿el proceso de titulación no será fácil?

La formalización es una manera de asignar derechos de propiedad muy importante, en el que también estamos bastante retrasados y que el acuerdo señala que se debe adelantar con prontitud. Considero que la actual capacidad institucional no da para implementarlo. No hay política de Estado agropecuaria ni de asignación de tierras. Lo que tenemos es una política de gobierno, y ni siquiera de gobierno, porque es ministerial. Cambia el ministro y cambia la política. Para dar un solo dato: el ministro actual le quitó importancia a la asignación de tierras. Se hacía algo importante pero quedó perdido. Ahora acaban de crear la Agencia de Tierras, a la que ojalá le den todo el apoyo. Esta agencia tendrá que tomar decisiones difíciles, por lo que se necesita voluntad política tanto del Ministro como del Presidente.

¿La asignación de tierras por sí sola no es suficiente para solucionar los problemas de la pobreza rural?

En los estudios que hemos adelantado se evidencia que la tierra ayuda a disminuir la pobreza, pero no es por sí sola la panacea. Si se otorgan tierras pero no se dan vías terciarias, ni se da asistencia técnica, ni se aumenta la tecnología, ni se otorgan créditos, ni se entregan seguros de cosechas, ni insumos productivos, ni canales de riego, se está haciendo bien poco. Además, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de estas tierras están ubicadas en sitios donde nunca ha habido Estado o su presencia ha sido muy débil. La tierra sin insumos productivos y sin bienes adicionales no sirve para nada. Sirven para el consumo familiar y, si acaso, para vender en la plaza del pueblo. No solamente se sale de la pobreza con un pedazo de tierra.

En el segundo punto, el de aumentar la productividad, ¿cómo se debe proceder?

Si vamos a hacer un proceso de posconflicto sostenible, tenemos que hacer una explotación del campo y un ordenamiento de la propiedad en donde quepan todos los propietarios: los grandes, los medianos y los pequeños. El Censo Agropecuario del 2013 (hacía cuarenta años que no se hacía uno) ha entregado una radiografía muy completa del sector. Muestra que los pequeños productores son importantes. Cuarenta por ciento del área cosechada pertenece a predios de menos de 50 hectáreas, que generan el 43,5 % de la producción agrícola. Pero también lo son los dueños de grandes extensiones de tierra. Se deben generar y propiciar las condiciones para que la agroindustria prospere y funcione. Esa visión maniquea de que se debe privilegiar a los unos sobre los otros me parece que le hace daño al país en términos de política agropecuaria, de eficiencia agropecuaria, pero sobre todo en términos de reconciliación de un país que se apresta a vivir una etapa de posconflicto sostenible. Tenemos que inventarnos la manera para que los tres sectores quepan en el campo y convivan en armonía.

El tercer punto del acuerdo: disminución de la pobreza. ¿Cómo analiza este aspecto?

La pobreza rural multidimensional alcanza un 45,6 %, o sea que de cada dos campesinos, uno es pobre. La desigualdad de los hogares rurales en comparación con los urbanos es enorme, esa desigualdad no solo de ingresos sino de todas las demás condiciones de vida. Estudios que ha hecho mi colega Raquel Bernal sobre diferencia entre los niños del campo con los de la ciudad evidencian la desigualdad, basados en la Encuesta Longitudinal que hace la universidad. El niño rural ubicado en el percentil más alto de ingresos, de familias que habitan sus predios y con características favorables, está al nivel más bajo que el niño más pobre urbano. Así de grave es la desigualdad entre el sector rural y el urbano. El acuerdo va a requerir una cantidad de decisiones de diferentes áreas del Estado. No solo desde Agricultura, aunque este sea el sector más importante, sino desde las áreas de Salud, Educación, Infraestructura. Esta es una oportunidad feliz, vuelvo y lo repito, para mejorar las condiciones de una población que ha sido muy olvidada y que ha sufrido mucho. Recursos y pragmatismo se deben aunar para llegar a esos mil cientos y tantos municipios que tiene el país de manera efectiva y eficiente. El Estado no ha tenido la capacidad de ser eficiente.

Y para que no se repitan las muertes de niños como en La Guajira...

Sí señora. No es posible que en un país como Colombia, calificado con grado de desarrollo alto, mueran niños de hambre. Y el caso de La Guajira, hoy bajo la lupa mediática, no es el único. Investigaciones y estudios recientes señalan que en otros lugares del país pasa lo mismo. La desnutrición infantil en el campo es muy alta.

¿Qué sabe del posconflicto del sector rural de países vecinos?

El Salvador y Guatemala, que firmaron unos acuerdos interesantes en el sector agrícola, no los cumplieron y siguen arrastrando una situación de pobreza rural muy grande. Aunque se trata de países más débiles institucionalmente que Colombia y que son más pequeños, enfrentan problemas similares. Interesante entender qué sucedió allá para que nosotros no vayamos a repetir ese fracaso. El caso de Perú es distinto. Salió de la época de posconflicto y ha hecho unos desarrollos muy interesantes en el sector agrario. Hicieron vías, aumentaron la asistencia técnica, fomentaron los créditos con seguros; en general, hicieron una política rural importante.

¿Es crítica del papel secundario de las mujeres en las conversaciones de La Habana?

Cero mujeres en la parte delantera de las conversaciones, no han estado en el foco, pero sí han contribuido desde atrás en el diseño y estructuración de los acuerdos. Esa situación particular no refleja la realidad que vivimos. Cada vez somos más las mujeres que estamos en la academia. La economía es una profesión muy masculina, pero en esta facultad ha crecido el porcentaje de profesoras y de mujeres en cargos directivos; tanto, que nuestros amigos economistas latinoamericanos que nos visitan hablan de que este es un perfecto matriarcado.

¿Cuál debe ser el papel de la academia en esa etapa de posconflicto?

Desde la academia podemos hacer mucho. Generar discusiones de cómo se pueden implementar los acuerdos de la mejor manera; promover debates sobre cada uno de los temas; identificar problemas; advertir del peligro cuando creamos que no se está haciendo de manera adecuada la intervención. Colombia tiene mucho conocimiento sobre el sector rural no solo proveniente de la academia, sino de la gente que ha trabajado en el campo por años. Es supremamente importante nuestro papel de unir a distintos grupos de discusión que no necesariamente están de acuerdo. Las universidades también pueden dar formación, ofrecer cursos.

MYRIAM BAUTISTA
Especial para EL TIEMPO