Mientras el país se ocupa de los distintos asuntos que, uno tras otro, copan el debate público, más de mil inmigrantes, en gran mayoría cubanos, están próximos a completar tres meses de incertidumbre y situación crítica en Turbo, Antioquia. A la vez que 600 de ellos permanecen hacinados en una bodega, una cantidad similar duerme en cambuches ubicados en lotes aledaños. Las anteriores cifras, de acuerdo con el más reciente conteo efectuado por la alcaldía de Turbo. Otro, divulgado este jueves por la Defensoría del Pueblo, coincide con este y registra además 11 mujeres embarazadas y unos 300 menores de edad, incluido el que nació esta semana. De ellos, 24 requieren atención urgente en salud. En la zona afirman que tales cifras tienden a aumentar.
Como ya se ha advertido desde estos mismos renglones, una situación crítica en términos humanitarios fue la consecuencia directa que tuvo la decisión del Gobierno panameño de cerrar su frontera con Colombia. Lo hizo, entre otras razones, motivado por el creciente flujo de ciudadanos cubanos que, provenientes de Ecuador, transitaban una ruta gestionada indebidamente por toda suerte de criminales y con destino final en Estados Unidos.
Aunque esa ruta existe desde hace varios años, así como los ‘coyotes’, que sacan cruel provecho de quienes ven en esta el camino a un mejor futuro para ellos y sus familias –este diario lo denunció en su momento–, la cantidad de personas nacidas en la isla caribeña aumentó considerablemente este año por el temor que hay en dicha nación de que la normalización de relaciones con Estados Unidos acabe con el estatus migratorio privilegiado del que hoy gozan.
Lo cierto es que la decisión del Gobierno del istmo dejó en evidencia la dimensión de este delito en Colombia. La trata de personas es, con el narcotráfico y la minería ilegal, una de las principales fuentes de ingresos de los grupos armados ilegales, los que operan en el Urabá y en el Chocó, pero también de los que se encuentran en la frontera con Ecuador, punto de ingreso al país. Hasta 5.000 dólares le pueden cobrar a cada foráneo que transita por suelo colombiano atraído por el sueño americano. Y aquí hay que añadir –repetidas denuncias coinciden– lo que manzanas podridas en las autoridades les cobran para no ser obstáculo.
Todo apunta a que la solución será devolverlos a Cuba o Ecuador; en ningún caso, facilitar su envío a México. Esto con el comprensible argumento de que no se puede sentar un precedente que sea aliciente para nuevas oleadas. Es de esperar que las decisiones que se tengan que tomar lleguen pronto y las acciones que de ellas se deriven no demoren, dado el tamaño de la crisis humanitaria, que es tal que Turbo ya se declaró en calamidad pública para responder de mejor manera a la contingencia.
El objetivo debe ser que este no sea un paño de agua tibia. Y para ello el camino es claro: apuntarles a las bandas criminales para que dejen de ser aliado estratégico local del crimen organizado internacional. Y que la acción sea tan contundente que la puedan copiar todos los demás países que son escenario de este infame negocio.
editorial@eltiempo.com