Las encuestas son tan volubles como la opinión pública, pero hay una cosa en la que no han mostrado variación en estos cuatro años de negociaciones en La Habana.
El optimismo/pesimismo y el apoyo/rechazo de las capas urbanas frente al proceso de paz han variado significativamente siguiendo los vaivenes de estos años de negociación. Lo único que se ha mantenido estable son dos cosas: una aplastante mayoría de los encuestados quisiera ver a los jefes de las Farc en la cárcel y no los quiere en la política. Así ha sido desde noviembre del 2012, cuando se empezaron a hacer esas dos preguntas, y así es en las encuestas más recientes.
Así, en contravía de un sector mayoritario de la opinión de las grandes ciudades (que es, entre otras cosas, el que decide votaciones como la del plebiscito), se llegó al crucial acuerdo de justicia en La Habana.
Contra lo que sostienen algunos críticos del proceso, este acuerdo no implica impunidad.
El costo para que los responsables de crímenes graves (no solo las Farc, sino los demás actores del conflicto) se libren de los ‘barrotes y la piyama de rayas’ es muy elevado: pasar por un proceso judicial, ser sentenciados, contar toda la verdad sobre los delitos, reparar a las víctimas y garantizar que lo hecho no se repetirá. En ese caso –y solo en ese caso– no habrá cárcel y se podrá participar en política.
Pero deberán cumplir varios años de sanciones y estarán sujetos a medidas de restricción de movilidad que definirá el Tribunal Especial de Paz. Y podrán participar en política, en condiciones también por precisar. Todos los que no cumplan con esas condiciones irán a una cárcel entre 5 y 20 años.
Eso no es impunidad. La prisión solo se impone a los vencidos. Y aquí, pese a medio siglo de esfuerzos del Estado, pese a la guerra sucia paramilitar –y pese también a cuánto lo intentaron las Farc– nadie ganó. Por eso se está negociando en La Habana.
¿Quién negocia para terminar preso y en el ostracismo político?
Una mayoría del país urbano que quiere una dosis fuerte de castigo para los comandantes de las Farc debería pensar por qué el énfasis punitivo es solo contra los guerrilleros y no contra otros que cometieron atrocidades. Y entender que poner esa condición no ‘mejora’ el acuerdo, sino que le cierra la puerta.
Este es un dilema del proceso de paz: o se insiste en la cárcel o se llega a un acuerdo final.
El balance más equilibrado entre la necesidad de lograr la paz y las demandas de que haya justicia es, precisamente, el acuerdo logrado en este tema en La Habana. Por eso ha sido saludado internacionalmente como un ejemplo para resolver conflictos internos tan arraigados y degradados como el colombiano. Exigir cárcel y no participación en política para los responsables de graves crímenes no es negociar una ‘paz sin impunidad’; es proponer a la contraparte en la negociación que renuncie a negociar y capitule.
Quienes insisten en la cárcel, de hecho, le cierran la puerta a la paz; quienes apoyan los acuerdos de La Habana como están asumen que una dosis de castigo ponderada –pero real–, combinada con mucha verdad y mucha reparación, es el mejor trato que se puede lograr en la Colombia y el mundo de hoy.
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En ese dilema entre cárcel y paz se ha centrado el debate público en Colombia hacia el plebiscito. Sin embargo, lo acordado en La Habana es mucho más que eso.
Ahí, en esas 160 páginas, hay decisiones de fondo que no solo despejan del obstáculo de la guerra y el odio el camino de Colombia hacia el futuro, sino que permiten atacar las causas estructurales de desigualdad (económica, social, regional, entre el campo y la ciudad) y exclusión política que han mantenido a Colombia por medio siglo atascada en el pantano de la guerra.
Sí. Hay un dilema entre cárcel y paz. Pero lo que está en juego es mucho más que eso.
Álvaro Sierra Restrepo
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