La resolución de un pleito entre la Gobernación del Casanare y el Instituto Financiero del Casanare fue anulado por el Consejo de Estado, luego de que el tribunal probara que uno de los árbitros que participó en el laudo tenía una amplia relación contractual con la Gobernación de ese departamento lo que habría afectado su imparcialidad para decidir sobre el tema.
En febrero del 2014 Alexander Cristancho Medina fue designado como uno de los árbitros que debían dirimir el conflicto entra ambas entidades y en el que se pedía el pago de poco más de 1.000 millones de pesos por concepto de perjuicios por el supuesto incumplimiento por parte del IFC en la financiación y el mantenimiento de cultivos de palma de aceite.
El fallo del tribunal de arbitramento condenó a IFC a pagar las sumas equivalentes a 106 millones de pesos por concepto de la cláusula penal pactada; 727 millones, por concepto de los perjuicios materiales ocasionados a la demandante con su incumplimiento; y 138 millones de pesos, por concepto de costas y gastos en el proceso.
La reciente decisión del Consejo de Estado tumbó entonces el fallo del tribunal de arbitramento y además ordenó que Cristancho devolviera el pago de 17 millones de pesos que recibió por concepto de honorarios, así como tendrán que devolver la mitad de sus honorarios las otras dos personas que participaron en el arbitraje por haber sido anulada su decisión.
El magistrado, Orlando Santofimio, ponente del caso, aseguró que Cristancho violó el "deber de la información" que impone la ley de arbitraje, pues omitió decir que había tenido un vínculo con la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación del Departamento del Casanare, pues a su nombre figuraban cuatro contratos con esa entidad.
