La Corte Constitucional falló a favor de una ciudadana que solicitó que se le ordenara a Coomeva garantizar su derecho a la salud reproductiva, vulnerado porque la entidad se negaba a realizar un procedimiento médico para poder llevar su embarazo completo. El tratamiento es reconocido como terapia de inmunización con leucocitos paternos.
El argumento de la EPS consistía en que el servicio no está incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y por lo tanto debía ser autorizado por el Comité Técnico Científico de la entidad. Además, aseguró la EPS, la especialista que ordenó el tratamiento no diligenció "ningún tipo de formato para la justificación del procedimiento".
Al revisar el caso, la Corte recordó que la salud es un derecho fundamental que debe ser cumplido por las EPS. Ese derecho obliga a que las instituciones médicas cumplan no sólo con la entrega de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico de la enfermedad, seguimiento de una patología, sino que también las obliga a realizar todos los procedimientos médicos "para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones".
El alto tribunal estableció que si bien hasta el 2014 la jurisprudencia reiteraba que la tutela no era el mecanismo para reclamar tratamientos de fertilidad. Después de ese año las normas cambiaron, considerando que el hecho de no poder acceder a un tratamiento de fertilidad porque no está incluido en el POS violaba derechos como la libertad y la autodeterminación, el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad personal y familiar y el derecho a conformar una familia.
"Como se expuso previamente, tratándose de tratamientos de fertilidad debe ampliarse el ámbito de protección en la medida en que, si bien esta enfermedad no involucra gravemente la vida, la dignidad o a la integridad personal del paciente, sí podría llegar a interferir negativamente en otras dimensiones vitales desde el punto de vista del bienestar sicológico y social, el derecho a la salud reproductiva, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a conformar una familia, facetas que igualmente deben ser protegidas por el juez constitucional", dice el fallo.
Además, la Corte recordó que este derecho se debe reconocer cuando la paciente no tiene capacidad económica para sufragar el costo del tratamiento, y cuando no tiene ningún sustituto que pueda ser cubierto por el POS.
En este fallo la Corte volvió a exhortar al Gobierno (como hizo en una sentencia del 2014) para que revise la situación de quienes no cuentan con recursos económicos para costear tratamientos de fertilidad, con el fin de que inicie una "discusión pública y abierta" para incluir la posibilidad de ampliar la cobertura del POS para estos tratamientos.
Para la Corte es cuestionable que "el Estado continúe dando la misma respuesta a las personas que padecen infertilidad, a sabiendas que el sistema de seguridad social en salud debe ser progresivo".
La tutela
En el proceso la mujer aseguró que desde hace tres años está afiliada a Coomeva, que sostiene una unión marital de hecho con su pareja, y que en siete oportunidades ha tenido abortos espontáneos a los dos meses de gestación, lo que le ha generado problemas serios de salud.
A pesar de que la especialista revisó su caso y ordenó el tratamiento, desde julio del 2014 la EPS no ha autorizado el procedimiento.
Finalmente, la mujer aseguró que se le vulneraba su derecho a la vida, dignidad humana y a la salud reproductiva, teniendo en cuenta que no cuenta con recursos para asumir el costo del tratamiento y depende de las órdenes de la EPS.
JUSTICIA
