Un manto de duda sobre la inversión de recursos de regalías destinados a la salud dejó el informe presentado por la diputada Claudia Garzón, sobre el contrato 864 de 2015 suscrito por la ESE departamental para la compra de los elementos médico quirúrgicos de los centros de salud.
Según la diputada, presentaría un sobrecosto aproximado a 21.500 millones de pesos.
Más aun cuando la tasa de mortalidad de niños menores de un año, así como la tasa de mortalidad materna en el Meta supera la media nacional, siendo la mayoría de estas muertes evitables, dice Garzón.
La tasa nacional de mortalidad de niños es de 17,5 por ciento y en el Meta es de 24,9 por ciento, según la diputada, con base en información del DANE.
La diputada explicó que el contrato 864 se suscribió con Global Environment And Health Solutions de Colombia por 37.142 millones de pesos y tras analizar el diez por ciento del total de elementos comprados estableció un posible sobrecosto del 58 por ciento.
En el informe se señala que por la compra de 486 muletas graduables, que en el mercado tienen un costo individual de 55.000 pesos, a lo quele agregó los descuentos de ley, seguros y transporte, que suman 89.438 pesos; sin embargo, en el contrato las pagaron, cada muleta, a 177.683 pesos.
Es decir que en la compra de las 486 muletas habría un sobrecosto de 3’553.650 pesos, según el informe, que analizó 1.781 ítems de un total de 7.781.
El documento no solo se detuvo en analizar lo que la diputada Claudia Garzón considera como “abismales diferencias” en los precios de los elementos médicos comprados.
También señaló que la “administración departamental incurrió en grave negligencia al permitir que se prestaran servicios de salud a la población pobre y vulnerable, en las IPS a cargo de la ESE departamental que no cumplían con las mínimas condiciones de la Resolución 2003 de 2014”.
Y así lo evidencia un documento de esa entidad que señala: “… en los servicios de sala de partos se evidencia la necesidad de cambio de las mesas de partos, así como la dotación de algunos elementos hospitalarios que carece".
La decisión de prestar los servicios corría por cuenta, en ese momento, del entonces gobernador Alan Jara y el secretario de Salud, quienes, además hacían parte de la junta directiva de la ESE departamental.
Igualmente, en el contrato de suministro de elementos médico quirúrgicos que se compraron, señala la diputada, no están direccionados a suplir las necesidades de la población ubicada en su mayoría en zona rural, sino para las cabeceras municipales donde reside 36 por ciento de la población que atiende la ESE.
Ante la gravedad de la denuncia, la Asamblea del Meta dejó en manos de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría el documento elaborado por la diputada Claudia Garzón.
Descarta sobrecostos
La gerente de la ESE, Sandra Milena Buitrago, afirmó que para ella “no hubo sobrecostos” y la compra de estos elementos médicos “en manos de cualquier contratista o persona desorganizada, que no contemple los costos y los imprevistos, no hubiera sido un éxito” en los diez meses en los que se ejecutó el contrato.
Explicó que se trata de un contrato de suministro en el que a los gastos en la compra de los elementos médicos, hay que añadirles los gastos logístico técnicos, sumado a que los trajeron del exterior.
Por ello se tuvieron que pagar las pólizas de seguro contractuales, el transporte aéreo o marítimo del exterior hacia Colombia y del interior del país, el seguro de transporte, la nacionalización, el bodegaje en Buenavetura, Cartagena, Bogotá y Villavicencio. Y de esta ciudad se trasladaron a 20 centros de atención y tres puestos de salud.
En transporte se hicieron más de 200 recorridos para entregar los implementos instalados y en funcionamiento, y un biomédico se encargó de capacitar al personal, “no porque el profesional no sepa qué es un monitor fetal sino porque estos equipos tienen tecnología de punta de buena calidad”, dijo Buitrago.
Además, los descuentos de ley: Iva, Prodesarrollo, Procultura, Proturismo, Unillanos, retención en la fuente, renta y descuentos arancelarios, más la utilidad del contratista.
En relación con la supuesta negligencia de la administración departamental, al permitir que se prestaran servicios de salud en las IPS que no cumplían con las mínimas condiciones, la gerente de la ESE Departamental reconoció que había camas oxidadas y no se cumplía con ciertos requerimientos, “pero no por ello teníamos que dejar sin el servicio a la gente”.
Al contrario el gobernante estaba preocupado por mejorar la salud de los metenses y por ello se hicieron inversiones en infraestructura y en este proyecto de dotación, aseguró la funcionaria.
Buitrago agregó que los diputados mostraron elementos que contratamos, pero no de la misma calidad, sino los que encontraron frente a la Cruz Roja, en Villavicencio, y no de los elementos robustos como las camillas.
Finalmente dijo que ahora se brinda una atención muy humanizada y con mayor calidad en las zonas apartadas y vulnerables donde los centros de salud de la ESE prestan los servicios.
Nelson Ardila Arias
Redactor Llano Sie7edías
@nelard1