Ante la grave situación humanitaria que se presenta en La Guajira, Dejusticia y algunas organizaciones indígenas como la Onic presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un documento en el que apoyan la tutela de un ciudadano que, en nombre de los niños de ese departamento, pidió que se declare el estado de crisis máxima y adopte las medidas para garantizar los derechos fundamentales de la población vulnerable.
Con 29 niños indígenas menores de cinco años muertos en el 2015 por causas asociadas a la desnutrición, y 14 para junio del 2016, el documento del centro de estudios jurídicos alerta sobre las violaciones del Estado para hacer efectivos los derechos de los indígenas.
“La Guajira tiene la tasa de desnutrición global más alta del país y los niños wayús no ven satisfecho su mínimo alimentario”, dice el informe. Además, asegura que mientras que en el país las tasas de mortalidad infantil han ido disminuyendo desde el 2010, La Guajira es el único departamento donde han aumentado.
El hambre, la falta de agua potable y el precario sistema de atención en salud son motivos para que, según Dejusticia, se tome esa decisión y con ello se decrete una respuesta inmediata y radical para solucionar esos problemas, y se garantice el derecho a la alimentación.
El documento resalta el papel que ha tenido el Gobierno, luego de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, pero dice que falta establecer un marco claro de responsabilidades en el Estado para que controle la inversión y siga de cerca los proyectos.
