La otra cara del proceso de paz es cómo lo que se negocia en La Habana se convierte en el eje del debate político en Colombia. De hecho, el tema central de la próxima campaña presidencial va a ser el contenido de los acuerdos y la implementación del proceso. De allí que las partes –y los potenciales afectados que no se sienten representados en la mesa– no deben estar solo preocupados por lo que diga el documento final, sino por cómo la dinámica política conduce a una aplicación, con mayor o menor severidad para ellos, de los acuerdos.
El posconflicto y la justicia transicional tratarán diferente a los comandantes de las Farc, de acuerdo con quién gane la presidencia en el 2018. Será todo muy distinto si gana el candidato de Uribe que si gana, por poner un ejemplo, De la Calle. De igual modo que el tratamiento a empresarios, militares y demás actores vinculados al paramilitarismo no será el mismo si gana uno u otro.
Es, entonces, mucho lo que se juega en la campaña del 2018. Pero una situación tan delicada debería tener un manejo menos pugnaz si se piensa en la necesidad de reconciliación. Evitar el uso de las instituciones del Estado como medio de retaliación a quienes están del otro lado en la arena política, en este caso a quienes hicieron parte de un conflicto, es un imperativo para superar los odios de varias décadas de conflicto.
Una cosa es que los victimarios reconozcan con la verdad a sus víctimas y las reparen, es lo mínimo que se debe exigir, pero otra cosa es hacer política con la promesa de un castigo más severo a los victimarios de la contraparte. Eso no es pensar en las víctimas. Es, solapadamente, pensar en cómo debilitar al contrincante a través del uso parcializado del aparato judicial.
Es así como la estrategia de vengadores que han adoptado varios sectores políticos puede servirles para promocionarse ante la opinión, pero representa un riesgo muy grave para la reconciliación. Aumenta además la incertidumbre y el rechazo al actual proceso por los actores que pueden verse afectados durante el posconflicto.
¿Qué confianza pueden tener las Farc de que les cumplan los acuerdos si el uribismo llega al poder? ¿Qué pueden pensar del proceso los empresarios que pagaron una extorsión cuando escuchan a Iván Cepeda –tan amigo de la paz– decir que deben pagar como perpetradores del paramilitarismo?
Ojalá tanta turbulencia no provoque un aterrizaje forzoso.
Gustavo Duncan