La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional confirmar un fallo de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito de Cartagena.

Dicho fallo ordenó la devolución de un predio a sus dueños originales.

No obstante, en una acción de Tutela, quien habitaba actualmente el territorio aseguró que se vulneró el derecho al debido proceso, el acceso a la administración de la justicia, la propiedad rural y la protección del campesino, pues no se reconoció su calidad de segundo ocupante.

El Ministerio Público recordó que se han tomado medidas de protección a favor de los segundos ocupantes, quienes también son sujetos vulnerables, pues han sido víctimas de despojo y piden la protección del Estado.
La Procuraduría indicó que el procedimiento para hacer efectivos los derechos de los segundos ocupantes han cambiado pues se estipuló que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas será la encargada de otorgarles las medidas de atención, en colaboración de las Direcciones Territoriales, la Dirección Jurídica y la Dirección Social.

La Procuraduría señaló que a los segundos ocupantes hoy se les exige no haber sido declarados de buena fe exenta de culpa en la sentencia de restitución, no haber tampoco participado en los hechos que llevaron al despojo o abandono forzado y verse afectados con la restitución del predio.

La Procuraduría plantea tres interrogantes sobre el proceso de restitución de tierras:

“¿Puede un acuerdo mediante el cual busca hacer efectivos derechos fundamentales, con especial connotación, reglamentar la ley 1448 de 2011, más aun cuando dicha normatividad no hace ninguna referencia sobre el asunto? En caso de que la anterior pregunta sea resuelta positivamente, ¿qué efectos tendría el acuerdo No. 21 de 2015 respecto de situaciones jurídicas consolidas con anterioridad a su vigencia y que reconocen la calidad de segundos ocupantes? Es decir, ¿cuál sería el régimen de transición aplicable? ¿Podría tener alcance retroactivo el acuerdo No. 29 de 2016, el cual derogó el acuerdo No. 21 de 2015 respecto de los segundos ocupantes que fueron reconocidos previo a su entrada en vigencia?”, se cuestiona El Ministerio Público.