Las víctimas de las chuzadas del DAS advirtieron que el recién condenado exsubdirector del organismo de seguridad José Miguel Narváez podría quedar en libertad tras cumplir las dos terceras parte de su pena.
El abogado Luis Guillermo Pérez, que representa a los afectados por las chuzadas, dijo que el Juez Sexto de Ejecución de Penas condenó a Narváez a ocho años de cárcel, de los cuales ya cumplió seis años de detención, por lo que podría pedir su libertad condicional.
Esto, a pesar de que está en juicio por su presunta responsabilidad en el homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón y por el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba. Además es investigado por el crimen del exsenador Manuel Cepeda Vargas.
El abogado Pérez sostuvo que por ninguno de esos procesos, Narváez tiene medida de aseguramiento, por lo que este miércoles pedirán formalmente al Juez Séptimo Especializado, que lleva el proceso por el crimen de Garzón, que dicte una nueva medida de aseguramiento en contra del funcionario, con lo que se garantizaría seguir privado de su libertad.
Este martes se conoció la primera condena contra el exfuncionario por su responsabilidad en la creación y actividades del G3, un grupo que funcionó dentro del DAS y que era el encargado de realizar los seguimientos ilegales a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos.
El juez del caso consideró que Narváez se alió con otros funcionarios del organismo de seguridad para cometer delitos contra personas “no afines al Gobierno Nacional de turno”, que en ese momento era presidido por el hoy senador Álvaro Uribe Vélez.
El funcionario judicial reprochó el hecho de que Narváez, teniendo que proteger la institucionalidad del Estado, “optó por trasgredir el orden constitucional y legal utilizando el aparato estatal para hacer seguimientos e interceptaciones a personas, utilizando como criterio su posición crítica frente al Gobierno”.
Según la investigación, Narváez fue uno de los artífices del G3 que funcionó entre 2003 y 2005, y que “además de organizarlo y dirigirlo, era a quien se le rendían cuentas y determinaba blancos”
El juez consideró que las actividades de inteligencia que requiere el Estado “estaban sometidas a los límites constitucionales en materia de derechos humanos y garantías ciudadanas”, por lo que el Das “no estaba investido ni por la Constitución, ni por la ley, para organizarse como un aparato estatal que tuviera facultad de seleccionar personas tomando como criterio específico su pensamiento crítico frente al Gobierno de turno”.
El juez señaló que “al existir procesos abiertos contra el expresidente Uribe, se remitirán copias de este fallo a las autoridades competentes”, por lo que ordenó enviar copias de la condena a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes.
El abogado Jaime Granados, que representa al expresidente Uribe Vélez, sostuvo que en la comisión hay un proceso en etapa preliminar y que el exmandatario ya fue escuchado en versión libre.
Añadió que Uribe Vélez siempre ha estado atento a dar explicaciones sobre el particular.
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