Gerentes de IPS, directivos de cinco clínicas de Córdoba y altos funcionarios y exfuncionarios de ese departamento tendrán que dar explicación a la Fiscalía en una investigación penal por presuntas irregularidades en la prestación de servicios médicos a pacientes de hemofilia, que en realidad no habrían existido.
Un grupo de fiscales de la Dirección Anticorrupción en Bogotá inició la investigación luego de que EL TIEMPO publicara una auditoría de la Contraloría General en la que se encontró que se hicieron pagos por cerca de 50.000 millones de pesos a centros médicos que supuestamente habían suministrado medicamentos a falsos pacientes con hemofilia.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que los investigadores ya se reunieron con los funcionarios de la Contraloría General que realizaron la auditoría y tienen en su poder los soportes y evidencias recaudados durante más de un año, en los que están documentados los pagos a cinco instituciones médicas que serían de papel y que habrían sido creadas para defraudar al departamento.
En el informe de la Contraloría, el organismo denuncia que los exámenes de laboratorio que fueron usados para ordenar el tratamiento a los pacientes de hemofilia eran falsos y se utilizó un mismo formato para justificar los pagos. (Además: Las pruebas reinas del 'cartel' de hemofilia)
Los investigadores de la Fiscalía expidieron las primeras órdenes de Policía Judicial para que peritos del CTI obtengan la información de la creación de las clínicas que recibieron los pagos, así como los contratos con las autoridades de salud del departamento.
“Se ordenó, y ya se ha venido trabajando en que los peritos obtengan las historias clínicas de los pacientes que supuestamente recibieron el tratamiento. Lo primero que tenemos que saber es si en realidad tenían la enfermedad”, dijo uno de los investigadores.
En la primera fase de la investigación se recaudarán en cadena de custodia esos elementos probatorios y luego empezarán a ser citados los funcionarios y particulares que participaron en el proceso de pago de esos procedimientos realizados durante el periodo de Alejandro Lyons Muskus como gobernador del departamento.
La Fiscalía investiga si en el procedimiento para realizar esos pagos a los centros médicos se cometieron delitos como concierto para delinquir, peculado por apropiación, fraude y falsedad en documento privado.
Los investigadores iniciaron un rastreo en otras regiones del país para establecer si, como sucedió en Bolívar, también se usó a supuestos enfermos de hemofilia para cobrar por medicamentos y procedimientos que no estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). (Además: Así se montó el fraude del cartel de los hemofílicos)
Según el informe de la Contraloría, el año pasado ya se había registrado un sospechoso incremento de pacientes con esa enfermedad en Bolívar, en donde cinco IPS hicieron cobros por más de 25.000 millones de pesos.
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