Un proyecto de ley que está listo para ser aprobado –en último debate– por la plenaria de la Cámara, dice que ningún trabajador colombiano podría ser despedido si le faltan tres años o menos para recibir su pensión de jubilación, pero esto para algunos no sería una medida tan positiva como se piensa y, más bien, podría jugar en contra de esa población que se quiere proteger.
El proyecto busca darles “estabilidad laboral reforzada” a los llamados “prepensionados”, es decir, a las personas que están a punto de concluir su vida útil laboral y se preparan para el retiro.
Según el ponente el proyecto en Cámara, el representante por el Partido Liberal Rafael Romero, una de las “dificultades” que tiene la seguridad social en este país es el “bajo número” de pensionados. (Lea también: Este es el trámite para retirar los aportes si no alcanza a la pensión)
“Una de las barreras para pensionarse es que en muchos casos, desafortunadamente, cuando a los trabajadores les faltan uno o dos años para jubilarse pierden su empleo, y a esa edad es prácticamente imposible que los contraten en otro lado”, dijo el congresista.
Por ello, el texto propone que quienes estén a tres años o menos de “cumplir los requisitos que les permitan acceder a la pensión de jubilación o de vejez gozarán de la protección especial de estabilidad laboral reforzada hasta cuando se les notifique y quede en firme el acto de reconocimiento de la pensión”.
Eso se traduce en que la entidad pública o la empresa privada en la que laboren los trabajadores que estén a punto de jubilarse no podrán despedirlos, a menos que haya una causal de despido justificado.
El proyecto estipula que en caso de que un servidor público en estado de provisionalidad tenga que ser removido de su cargo por la llegada de una persona proveniente de un concurso de méritos, la entidad pública tendrá que reubicar al primero y asegurarle su estabilidad laboral. (También: El calvario de los colombianos en busca de su pensión)
En este sentido, Romero dijo que los concursos de méritos “no se afectan” con esta iniciativa y que en cuanto al trabajador en provisionalidad, “lo que se le pide al empleador es que lo ubique en un cargo equivalente mientras completa lo que le falta para alcanzar su pensión”.
El proyecto es de autoría de varios senadores, entre quienes se encuentran los uribistas María del Rosario Guerra, Alfredo Ramos, Daniel Cabrales, Ernesto Macías, Susana Correa, Fernando Araújo y Thania Vega.
Loable pero peligroso
Este proyecto de ley, para Alberto Echavarría Saldarriaga, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), “persigue una finalidad loable: proteger a los trabajadores que tienen una expectativa próxima a la jubilación”.
Y agrega que desde la Andi comparten la preocupación de los autores del proyecto frente a la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que, estando próximas a cumplir los requisitos para acceder a una pensión, terminan su contrato laboral, ya que para ellas es más difícil acceder de nuevo al mercado laboral.
No obstante, Echavarría sostiene que las estabilidades laborales reforzadas, más que beneficiar a los trabajadores, generan desincentivos para la contratación de personas que pueden estar cobijadas bajo esas prerrogativas.
Y, por el contrario, cree que esto podría hasta causar despidos anticipados a la fecha límite para acceder a la estabilidad.
Así, “lo que se piensa como un estímulo rápidamente tendría efectos contrarios y terminaría aumentando el desempleo de un grupo vulnerable por sus condiciones propias frente a otros grupos de edad de trabajadores”, afirmó Alberto Echavarría.
EL TIEMPO
