Los industriales le pidieron a la Gobernación revisar primero el presupuesto del departamento y los gastos antes de imponer la tasa de seguridad que gravará el consumo de energía eléctrica en el Valle. El proyecto ya pasó el primer debate en la Asamblea.
La ponencia ya estaba lista antes de que se cumpliera la jornada de participación ciudadana a la que concurrieron los alcaldes de Pradera, Buenaventura y Calima, tres de los siete que serán los primeros beneficiados con los recursos del ‘Contrato Plan para la Paz’, el de Florida, que también hace parte de esos siete municipios estaba inscrito pero no asistió, pero sí el de Cartago. También estaban los altos mandos del Ejército, la Policía, Policía Judicial, Policía Antinarcóticos, Fiscalía y Migración Colombia, todos a favor de la tasa.
También se hicieron presentes los líderes gremiales de la Andi, Acopi y Fedy, veedores ciudadanos y contribuyentes caleños quienes rechazaron el tributo por inconveniente.
También estaba un representante de Emcali que les hizo caer en cuenta a los diputados y al Gobierno departamental que poner en marcha este proyecto de ordenanza tendrá un costo bastante alto por concepto del recaudo y advirtió que no había claridad sobre el servicio prepago de energia y el alumbrado público.
En un comienzo, la Gobernación pretendía gravar a los industriales con un 6,0 por ciento, pero con los reclamos de los gremios bajó la tarifa al 1,7 por ciento y la comercial del 4,0 al 1,7 por ciento.
“Aún, con la nueva propuesta, este tributo afectará la competitividad, el aparato productivo, la llegada de inversión y el desarrollo futuro”, dijo el gerente regional de la Andi, Gabriel Velasco.
“Hemos conciliado, ya tenemos la tasa más bajita. La empresa más grande del Valle pagará 13 millones de pesos al año de más, es como la responsabilidad social a la seguridad del Valle y exoneramos a los cogeneradores de energía porque el Valle tiene un alto potencial bioenergético, como estímulo no les cobraremos la contribución”, dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro.
Para la industriales, quienes ya contribuyen con la seguridad a través del impuesto a la renta y el impuesto de la riqueza, la energía representa entre un 40 y un 60 por ciento de su costo de producción.
La directora regional de Acopi, Beatriz Eugenia Arévalo, les recordó que las pymes generaban el 63 por ciento del empleo y representaban el 96 por ciento de la base empresarial en la región. Dijo que la tasa las ponía en jaque, que se perdería un empleo por unidad productiva. Las pymes pagan entre 10 y 35 millones de pesos en energía.
El director de la Fedy, Germán Jaramillo, les dijo que esa tasa impactaría muy duro a Cali y a Yumbo, un municipio que representa el 39 por ciento del consumo industrial.
“No esperen que el sector empresarial apruebe este proyecto”, dijo Jaramillo, quien señaló, que, en caso de pasar el tercer debate, se cobre solo entre el 2017 y el 2019 y se midan los resultados, para no hacer inversiones alegres y planteó el debate sobre si el problema de la inseguridad es problema de plata.
La comunidad también se manifestó en contra.
“Llama la atención que estando el país al borde de terminar el conflicto armado, la Gobernadora pretenda que la Asamblea imponga un gravamen a los usuarios del servicio de energía eléctrica para que dichos recursos se inviertan en dotación, material de guerra, reconstrucción de cuarteles … para garantizar la preservación del orden público, como lo ordena el artículo 7 de la Ley 1421 del 2010 que da origen a los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana el cual es uno de los fundamentos jurídicos del citado proyecto”, señalaron los veedores ciudadanos Betty Borrero y Pablo Borrero.
La ciudadana Diana Manrique pidió que no los pusieran a elegir entre inversión social o seguridad y se preguntó qué pasará con los recursos del posconflicto.
¿Por qué no luchamos de manera frontal contra la corrupción y la politiquería. Los caleños aportaremos el 50 por ciento de la tasa. ¿Es justo?”, dijo Manrique.
Los recursos
El comandante de la Policía Valle, coronel Camilo Álvarez, dijo que con esta tasa construirían el comando operativo y de control en Buga que interconectará a los 8 Distritos y que implica dotar de cámaras a los municipios; contarían con CAIS móviles; un laboratorio de criminalística y mejorarían 30 estaciones.
“Es un aporte mínimo, pero importante”, dijo el coronel Álvarez.
Jhon Léider Ibáñez, de la subdirección Policía Judicial CTI, dijo que necesitaban una URI en Roldanillo; laboratorios satélites en Buenaventura, Cartago y Roldanillo y montar el sistema de denuncia en línea, y el comandante de la dirección regional Policía Antinarcóticos, coronel Arles Escobar, dijo que para sus proyectos requerían 800 millones de pesos, se mostró preocupado por un crecimiento del 23 por ciento de cultivos ilícitos en el Valle.
“La tasa beneficia a todos los ciudadanos, apoya el posacuerdo, se atacarán las estructuras criminales con la Policía”, dijo el comandante de la Tercera Brigada, Wilson Chawez.
Proponen que Cali tenga su propia tasa
Para que el departamento no administre los recursos de Cali, en el Concejo se presentó una propuesta para que el municipio tenga su propia tasa destinada a la seguridad.
En el proyecto de la gobernadora Dilian Francisca Toro se estima un recaudo de 30.000 millones de pesos donde Cali aportaría el 48 por ciento de esos recursos.
“Si el municipio aporta ese 48 por ciento no tendría que esperar a que el departamento le administre los recursos, sino que, de forma directa, a través de un Acuerdo municipal asuma el manejo de dichos dineros y con destinación específica se haga la inversión en seguridad ciudadana”, señaló el concejal Roberto Rodríguez, quien le planteó esta iniciativa al alcalde Maurice Armitage.
“Ahí sí que generaríamos más desempleo, yo creo que los recursos hay que buscarlos, con eficiencia, no cobrándole más a la gente, sino siendo más eficientes y evitando la corrupción que prolifera en este país”, el departamento y el municipio”, dijo el Alcalde al conocer la propuesta de la Gobernadora.