Un verdadero sistema democrático supone varios presupuestos, que no siempre se dan en Colombia: separación real y no meramente formal de poderes, garantía de los derechos fundamentales, auténtico esquema Gobierno-oposición, responsabilidad política y un mecanismo que impida a los altos funcionarios gozar de impunidad disciplinaria y política. Ese debería ser uno de los temas de discusión en la Habana a propósito del cambio político.
La responsabilidad por actos u omisiones en el ejercicio de funciones públicas o partidistas no ha logrado colocarse en la agenda política del país. Por lo general, cuando a un dignatario se le imputan equivocaciones graves, o inclusive actos dolosos, responde que está amparado por la presunción de inocencia y que por ende no renuncia mientras no se demuestre en última instancia su responsabilidad penal, aunque se trata de fenómenos distintos.
Hasta hace algunos años bastaba un cuestionamiento ético, o la existencia de un fracaso grave en la gestión, para que el afectado renunciara.
En materia judicial, el sistema acogido desde el siglo XIX, que implica una especie de antejuicio político en el Congreso, ha impedido que, en general, como sí pasa en otros lugares de la región, antes y ahora, presidentes o expresidentes, magistrados y altos funcionarios sean procesados y hasta terminen en prisión.
Pero el problema no es solo la Comisión de Acusación, como a menudo se plantea. Es el paso por el Congreso, ya que, por la naturaleza misma de la función que ejercen, los congresistas no pueden ser jueces en sentido estricto. Por eso el sistema no ha funcionado.
El acto legislativo mal llamado de ‘equilibrio de poderes’ –producto de una equivocada mezcla de temas políticos y judiciales y que va quedando más afectado que don Blas de Lezo– contemplaba un primer paso para resolver ese entuerto, dejando el antejuicio político solo para el Presidente, único funcionario político propiamente dicho, y estableciendo un verdadero tribunal para juzgar al Fiscal (que goza de un privilegio que no tienen el Procurador ni el Contralor) y a los magistrados de las altas cortes por sus faltas disciplinarias o penales.
En aplicación de la novedosa teoría de la ‘sustitución de la Constitución’, que hasta le ha permitido convertirse en constituyente, la Corte Constitucional expuso la extraña tesis de que no permitirles antejuicio político a Fiscal y magistrados alteraba la independencia judicial y sustituía la Constitución. Se desaprovechó una gran oportunidad. No puede decirse que eliminar el paso por el Congreso en estos casos ‘sustituya’ la Constitución de 1991, pues ese arcaico y absolutamente ineficaz procedimiento venía desde 1886.
Pero qué es mayor garantía de independencia para un magistrado: ¿que se ocupe de su conducta un cuerpo de naturaleza política como el Congreso, o un tribunal propiamente dicho? Antes de la Constitución del 91 regía este mismo sistema para los ministros, por lo cual gozaron de total impunidad en sus procesos ante la Comisión de Acusación.
Tras esa reforma han caído en la cárcel miembros del gabinete. Así, tendría más sentido aplicar el antejuicio político a los ministros, en sí mismos funcionarios políticos, y no a quienes ejercen funciones judiciales, como el Fiscal o los magistrados de las altas cortes.
Con esta decisión, más aún si no se fundamenta solo en vicios de trámite –los únicos que la Carta autoriza examinar–, la Corte Constitucional cierra la puerta reformatoria y bota la llave al mar. Y ahí vuelven las voces que piden constituyente, asumiendo que si se tocan designación, periodo o forma de juzgar a los magistrados de las altas cortes, no podrá hacerse una reforma judicial por los procedimientos ordinarios.
No es democrático tener Fiscal y magistrados sin posibilidad alguna de que su conducta la examine un juez imparcial, como a todo funcionario público.
Alfonso Gómez Méndez