Las críticas que la opinión pública viene haciéndole al nuevo Código de Policía aprobado por el Congreso de la República, que se encuentra listo para sanción presidencial, están orientadas a señalar que con este instrumento se le da a la institución armada exceso de facultades. Ante la avalancha de observaciones que el nuevo Código ha despertado, el mismo representante a la Cámara Carlos Edward Osorio, coordinador ponente del proyecto, tuvo que salir a explicar los alcances de este para desvirtuar que se trate de un código represivo que restringe las libertades ciudadanas. En un artículo publicado en este diario, dijo que el instrumento aprobado garantiza el sano equilibrio porque prevé disposiciones que limitan el actuar de las autoridades de policía.
¿Cuál es el motivo de las críticas que se le vienen haciendo al articulado del nuevo Código de Policía? El principal: que autoriza el ingreso de la Policía a las viviendas sin orden judicial en caso de peligro inminente para una persona. También porque contempla duras sanciones monetarias para quienes infrinjan las disposiciones en él contenidas. Por ejemplo, establece como contravención hacer sonidos ruidosos en fiestas familiares. El nuevo Código autoriza a la Policía para cortar el servicio de energía en las viviendas donde se presente exceso de ruido si no atienden el llamado a moderarlo. La multa por pagar por el ciudadano que no regule el volumen del sonido es de 328.000 pesos. Con esta medida, que es sana, se busca evitar los constantes enfrentamientos entre vecinos.
Entre las conductas que el nuevo Código castiga están unas que anteriormente no eran tipificadas como infracción. Fumar en buses de servicio público, no recoger los excrementos de las mascotas, pintar grafitis en sitios públicos, colarse en el sistema de transporte masivo y comprar celulares robados son algunas. También se establecen multas para conductas violentas que antes no estaban tipificadas, como la ruptura de vidrios en las estaciones de TransMilenio y los actos vandálicos contra los articulados. Igualmente, se establecen multas por no ceder el puesto a personas en condición de vulnerabilidad, por subir a internet imágenes que afecten la intimidad de las personas o por dificultar la salida de un vehículo de mujeres en estado de embarazo.
No se puede calificar como exceso de facultades para la Policía un instrumento que, como lo dijo este diario, “es una herramienta para actuar frente a conductas que perturban, cada vez más, la convivencia en los centros urbanos”. Las autoridades están en la obligación de castigar a quienes hacen llamadas a las líneas telefónicas de emergencia solamente para hacer bromas. Si no se actúa en este sentido, se seguirá presentando desplazamiento de entidades de socorro a sitios donde no se ha registrado una emergencia. Mientras las autoridades atienden una broma de este tipo, dejan de prestar servicio humanitario donde verdaderamente se requiere. Aquí puede hacerse realidad la fábula del pastorcito mentiroso: cuando un hecho sea verdad, la autoridad no lo va a creer.
Exageran quienes tildan de represivo el nuevo Código de Policía. Imponer una multa de 657.000 pesos a quien agreda a un agente de la Policía no es represión. Es, simplemente, tomar medidas para que se eviten agresiones a la autoridad. Tampoco es represión multar a quienes utilicen cámaras en sitios privados sin consentimiento. Muchas veces la gente viola la intimidad de las personas con este tipo de elementos. A eso debe ponérsele freno. De otro lado, el nuevo Código establece, en su artículo 21, que los ciudadanos pueden filmar una actuación de las autoridades cuando se considere que están cometiendo excesos. Nadie puede impedirlo. El artículo es explícito: “Todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio de las tecnologías de información y comunicación”.
Algunos críticos dicen que este Código impide la protesta social. Están equivocados. El anterior Código, que data de los años setenta, establecía la obligatoriedad de pedir permiso a los alcaldes para realizar cualquier manifestación. Esto quedó abolido. Simplemente, se establece que las autoridades pueden actuar cuando se presenten hechos violentos. Así las cosas, el nuevo Código es una herramienta para fortalecer la seguridad ciudadana, enfrentar la intolerancia y garantizar la convivencia. La Policía, como institución, tiene un gran reto frente a este instrumento: no cometer excesos. Como lo dijo el editorialista de este diario, el nuevo Código es “un poderoso voto de confianza en una institución que no se puede dar el lujo de ser inferior a él”.
JOSÉ MIGUEL ALZATE