Las alarmas por el mal uso de la plata de la alimentación de los niños más pobres de La Guajira –uno de los departamentos más afectados por la desnutrición y el hambre– no cesan.
Una nueva auditoría de la Contraloría, que evaluó la gestión de los recursos de regalías usados en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 15 municipios del departamento durante el 2014 y el 2015, además de los dineros usados para los paquetes nutricionales de niños de 0 a 5 años y de las madres lactantes, encontró que en ese periodo se habrían generado pérdidas por $ 16.792 millones. (Lea también: Van 41 niños muertos por desnutrición en La Guajira)
La mayoría de los casos se dan porque el departamento –que recibe millonarios giros de regalías cada año, pero que es uno de los que tiene más población pobre– pagó valores de más por ración a los contratistas, que a su vez daban alimentos que no cumplían con el gramaje ni con las especificaciones de lo contratado. Esta situación se dio principalmente en Manaure, Uribia y Maicao.
“Las deficiencias señaladas afectaron la atención óptima de los niños, niñas y adolescentes, siendo más grave aún si se tiene en cuenta que el PAE solo contempla un aporte nutricional del 20 por ciento para complementos alimenticios en la jornada de la mañana o tarde, y 30 por ciento para complemento de almuerzos”, dice la Contraloría.
Contratistas repetidos
Las irregularidades en los programas de alimentación en La Guajira llevaron a que el gobernador encargado del departamento, Jorge Enrique Vélez, decidiera no renovar los contratos con los cuestionados operadores. Aseguró que le entregará el manejo de la alimentación de los niños a la Iglesia para evitar que la corrupción siga campeando. (Además: Por políticos, niños se quedarían sin comida en cuatro días)
En la evaluación de la Contraloría, realizada entre marzo y julio de este año, se encontró que el Consorcio Alimentemos Juntos recibió el año pasado al menos 4.920 millones de pesos de más por la alimentación de los niños.
La representante legal de esa empresa es Ivis del Carmen Rosado Robles, quien también figura en ese mismo cargo en el Consorcio Primero la Nutrición, otra de las firmas cuestionadas. La Contraloría detectó que este consorcio cobró 200 paquetes alimentarios “que presuntamente no fueron suministrados ni transportados, y los que en efecto fueron pagados”.
Esas uniones temporales reúnen a empresas que han sido denunciadas por los malos manejos en la alimentación escolar de los niños, como Asoalimentarce –de la que, una vez más, Rosado es representante legal– y Kábala, cuya representante es María Angélica Araújo Noguera. A través de los consorcios, las firmas han logrado mantenerse vigentes.
Kábala es una fundación que ha cambiado de nombre siete veces. Es la misma firma que les daba a los niños de Aguachica, Cesar, huevo duro con una tajada de mango como ración. (Lea también: Así se roban la comida de los niños en siete departamentos del país)
El Consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira, cuya representante legal también es Araújo, recibió el año pasado 11.419 millones de pesos de más por los alimentos de los niños. La Contraloría detectó que en octubre del año pasado, a pesar de que ya se conocían presuntas incumplimientos por parte de esa firma, recibió una adición al contrato por alimentos de más de 3.154 millones de pesos.
La Contraloría dice que cada desayuno tuvo un sobrecosto de 971 pesos y cada almuerzo, de 1.320 pesos. Algunas de esas firmas, como lo reveló este diario, también manejan millonarios contratos de alimentación de la tercera edad.
Los nombres de Ivis Rosado Robles y María Angélica Araujo ya habían sido mencionados por el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en las denuncias contra empresas que hacen variaciones en su representación legal y que en muchas ocasiones no cumplen con los estándares y lineamientos para prestar el servicio a los menores.
Productos venezolanos
Además de las irregularidades en la entrega de alimentación escolar, también se encontraron desvíos de recursos de los paquetes nutricionales para la primera infancia y para las madres gestantes y lactantes. Sobre estos programas de seguridad alimentaria, la Contraloría detectó que los municipios no identificaron de manera precisa quiénes debían ser las familias beneficiarias, y en algunos casos los contratos fueron entregados a firmas indígenas que no contaban con experiencia. (También: 'Los mismos con las mismas' en contratos de alimentación escolar)
En este proyecto, el organismo también encontró productos de origen venezolano que se repartieron entre la población a pesar de no tener registro Invima, registro sanitario ni certificado de importación. “La distribución de los alimentos perecederos se hace hasta en un lapso de dos semanas, afectando así la calidad del producto y poniendo en riesgo la salud de los beneficiarios”, dice la investigación.
Uno de los contratos bajo lupa es el que la Alcaldía de Manaure entregó en junio del año pasado por más de 8.000 millones de pesos de las regalías, “para la recuperación nutricional de al menos 2.000 familias”.
Para ello contrató a la IPS indígena Sol Wayuu, que, según la Contraloría, no cumplía con los requisitos, pues su experiencia se había basado en los servicios de salud y no en la entrega de alimentos. Esa firma suspendió el año pasado por dos meses la entrega de alimentos, alegando efectos del fenómeno del Niño.
Otros operadores que también han incumplido, según la auditoría, son Organización Juvenil y Fundación Juventud Libre.
El desfalco en colegio
La Unión Temporal del Norte, conformada por dos empresas de la Costa (Ávila Limitada y H&H Arquitectura de Barranquilla) ganó hace siete años un millonario contrato en La Guajira, en un proceso que, según la Contraloría, habría vulnerado las reglas de contratación. El contrato del 2009 tenía como objetivo construir 59 colegios y terminó costando 134.963 millones de pesos, después de una adición. El sobrecosto sería de 11.891 millones. El auto de apertura de investigación ordena indagar a cuatro exgobernadores, pero sigue pendiente la vinculación del contratista.
MILENA SARRALDE
milsar@eltiempo.com