Unión Temporal del Norte, una firma conformada por dos empresas de la costa (Ávila Limitada y H&H Arquitectura de Barranquilla) ganó hace siete años un millonario contrato en La Guajira, en un proceso que, según la Contraloría, habría vulnerado las reglas de contratación pública.

Las irregularidades vienen del contrato 770 del 2009, que se suscribió entre La Guajira y dicha Unión Temporal, y que tenía como objetivo iniciar un plan para construir 59 colegios en el departamento. El contrato terminó costando 134.963 millones de pesos, después de una adición, y el sobrecosto, según las investigaciones fiscales, serían de 11.891 millones de pesos.

Para la Contraloría es claro que la Gobernación no tuvo en cuenta los procesos de selección objetiva porque contrató a la Unión Temporal, que a su vez subcontrató la construcción de 15 colegios. Lo que contrató fue mucho menor en precio a lo que pagó la Gobernación de La Guajira.

"Lo anterior demuestra que el Departamento de La Guajira reconoció a la Unión Temporal del Norte valores superiores a los que el mercado ofrecía, sobrecosto que se hizo visible a través de la subcontratación realizada por esta, situación que obviamente afecta los intereses del Estado", dice el auto de apertura de investigación Fiscal.

El auto de apertura ordena investigar a Juan Francisco Gómez, exgobernador, Roger Mario Romero Pinto, exgobernador (e), Sugeila Oñate Rosado, gobernadora, y José María Ballesteros Valdivieso, exgobernador.

Además, se vinculó a quienes trabajaron como secretarios de obras públicas: a Georín Jesús Blanchar Díaz, Damaso Raúl Parodi, Yerson Rafael Rodríguez Rodríguez.

A pesar de las pruebas que se tienen contra los representantes legales de la Unión Temporal del Norte, esta empresa aún no ha sido vinculada a una investigación formal. Fuentes de la Contraloría afirman, sin embargo, que en los próximos días habría un pliego de cargos fiscal en contra del contratista.

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