Entre 2012 y 2015 Julieta Naranjo Luján fue alcaldesa local de Usaquén y durante su último año de mandato se conoció que un fiscal anticorrupción la habría judicializado por irregularidades en contratación. Desde entonces, salieron a la luz varios procesos en los que se le acusa de lo mismo. Ante todos, la exmandataria ha negado los cargos.
En el caso más reciente, la Personería distrital acusa a Naranjo de haber suscrito un convenio de asociación, de forma irregular, por 198 millones de pesos con la Fundación de Asesorías para el Sector Rural Ciudad de Dios (Fundases).
De acuerdo con la investigación realizada, Naranjo contrató el “suministro y plantación forestal nativa de 500 unidades y manejo silvicultural de 65 ejemplares adultos más”, para lo cual, la alcaldía local aportaría $ 180’000.000 y Fundases, $ 18’000.000 representados en especie.
Al igual que en las anteriores investigaciones que se le han iniciado a Naranjo, en esta se dice que “se eludió el principio de selección objetiva y transparencia en la contratación pública porque se debió realizar una convocatoria pública para escoger al mejor proponente.
En diferentes ocasiones, Naranjo le dijo a EL TIEMPO ZONA que “la Constitución Política, en su Artículo 355, permite realizar estos convenios con personas jurídicas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad” y afirmó que todos estos procesos se debían a personas malintencionadas que buscaban “tachar el buen nombre de buenos funcionarios para que aquellos alcaldes locales que entregan dádivas y puestos, vuelvan al poder”.
En enero pasado, a la exalcaldesa se le suspendió un fallo de primera instancia que la inhabilitaba y suspendía por 12 años para ejercer cargos públicos por un convenio por asociación realizado en 2013 por un valor de $ 200’000.000 con la Casa de la Cultura de Usaquén para poder llevar a cabo actividades en el cumpleaños de la localidad.
En su momento, Rodrigo Marín, personero delegado para asuntos disciplinarios, la culpó de “haber cometido una falta gravísima al principio de transparencia”. Sin embargo, Naranjo acudió al recurso de apelación, argumentando que utilizó esta figura debido a que los tiempos de contratación son diferentes, por lo que se suspendió la decisión.
Actualmente el fallo de primera instancia que la inhabilita por 10 años, espera por el recurso de apelación.
Contrato de apoyo y asociación
De acuerdo con el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, "el Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia".
EL TIEMPO ZONA