Una demanda contra la sanción de 15 años para el ejercicio de cargos públicos que impuso en el 2004 la Procuraduría General contra el entonces ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, podría lograr en los próximos días que el Consejo de Estado falle a su favor y tumbe después de 12 años esa decisión del Ministerio Público.
La ponencia del magistrado William Hernández y que ya estudian los demás consejeros de Estado sostiene que Londoño no incurrió en ningún conflicto de intereses ni abusó de su cargo para favorecer al consorcio italiano Recchi del que años antes había sido apoderado judicial.
Luego de que Londoño dejara su cargo en la compañía italiana, el consorcio que tenía a su cargo la construcción de un tramo de la vía Bogotá - Villavicencio tuvo un problema para el que el ministro sugirió la conformación de un Tribunal de Arbitramento. En el 2011 el Estado colombiano perdió el pleito y fue sancionado con el pago de 13.958 millones de pesos.
Sin embargo, Colombia no pagó su deuda a tiempo y Londoño como ministro del Interior se comunicó con el embajador de Italia en Colombia para decirle que estaba pendiente de la gestión del Ministerio de Obras Públicas para el pago de la deuda.
"El señor Ministro de Obras me ha hecho saber que ha agotado todos los esfuerzos a su alcance para cubrir esta obligación y que tiene contacto permanente con los constructores para zanjarla a la mayor brevedad. Mucho le agradecería que me hiciera saber si la firma italiana se encuentra satisfecha con los resultados de estas gestiones, pues no tendré inconveniente en persistir en ellas si fuere del caso”, dice la carta enviada al embajador.
Para la Procuraduría la intervención del ministro en el conflicto entre el Gobierno y el consorcio no estaba dentro de sus funciones.
"Al hacerlo actuó por fuera de su marco funcional pues resulta claro que el manejo de las relaciones internacionales es función exclusiva del Presidente de la República y de su ministro de Relaciones Exteriores, actuando arbitrariamente toda vez que entre sus deberes no estaba el gestionar pagos a contratistas internacionales y menos a aquellos a quienes en épocas anteriores recientes apoderó judicialmente, lo que desvirtuó su argumento de que actuaba en defensa judicial de la Nación, pues actuó pero para salvaguardar los intereses del Consorcio mencionado", argumentó entonces la Procuraduría.
Sin embargo, la ponencia de Hernández asegura que no se presentó un conflicto de intereses porque con su acción, Londoño buscaba proteger el "interés público".
El exministro Fernando Londoño tiene otra sanción de 12 años de inhabilidad del Ministerio Público que se vence el próximo mes de septiembre. El exministro fue encontrado responsable por la Procuraduría de los delitos de injuria y calumnia contra el juez de ejecución de penas de Tunja, Pedro José Suárez Vacca, quien para la fecha había dejado en libertad a Gilberto Rodríguez Orejuela.
Londoño aseguró que el juez había actuado "muy de acuerdo con la familia Rodríguez Orejuela".
Ante las acusaciones de Londoño, el juez interpuso una acción de tutela para que le fueran protegidos sus derechos a la honra y el buen nombre. El Consejo Superior de la Judicatura se la concedió y ordenó que el Ministro hiciera una rectificación.
La Procuraduría por su parte continuó con su proceso y condenó a Londoño porque "al asegurar que estos señores con su gigantesco poder económico estaba produciendo un resultado judicial que no está de acuerdo con las evidencias que obran en el proceso abusó de su cargo y puso en entredicho la reputación y prestigio de un funcionario judicial".
JUSTICIA
