Paramédicos que literalmente se pelean por los heridos y lesionados en accidentes de tránsito, pero no para atenderlos cuanto antes, sino para quedarse con su parte del botín. Ambulancias que los llevan no al hospital más cercano, como lo imponen la lógica, la ética y la ley, sino al centro médico con el que tienen venales arreglos, así este quede al doble de distancia. Tratamientos y hospitalizaciones injustificadas. Procedimientos quirúrgicos facturados pero no realizados. Y, lo más grave de todo, muertes que habrían podido evitarse y personas que deben cargar toda su vida las secuelas de prácticas médicas irresponsables.
Ese es el indignante panorama que se ve hoy en todo el país, pero sobre todo en regiones como la costa Atlántica y el Valle, como consecuencia del macabro negocio que tiene como motor el millonario fraude al seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat).
Investigaciones publicadas por este diario y otros medios dan fe de cómo la famosa ‘guerra de las ambulancias’ está jugando en contra de la atención de otras urgencias vitales frente a las cuales estas o se demoran una eternidad, o simplemente no llegan.
El Soat ha sido uno de esos casos emblemáticos en los que el experimento funcionó para mejorar la prestación de servicios de salud en el país. Hace cerca de 30 años, cuando se creó, la pesadilla de los servicios de urgencias de la mayoría de clínicas y hospitales era aún peor, porque los heridos de accidentes de tránsito literalmente se morían sin que nadie se preocupara por ellos. Con los aportes obligatorios de todos los que tienen un vehículo, se constituyó un sistema que garantiza la atención de urgencias no solo en los casos en los que hay una póliza de respaldo, sino cuando esta no existe, a través del Fosyga.
Paradójicamente, su exitoso modelo lo puso en la mira de los avivatos. En la última década surgieron decenas de clínicas enfocadas casi exclusivamente en atender urgencias del Soat. Los escasos controles han sido un poderoso incentivo para que el fenómeno haya saltado de Barranquilla, donde empezó, a otras regiones. Al año, el desfalco puede rondar los 100.000 millones de pesos, y hay departamentos, como Cesar, en los que por cada 100 pesos recaudados en Soat las aseguradoras tienen que pagar más de 400 por atención de accidentes.
Lecciones del reciente pasado, como el billonario saqueo del sistema de salud por algunas EPS, muestran que estas manifestaciones hay que enfrentarlas de inmediato, para no poner en riesgo todo el sistema. La Superintendencia de Salud y las secretarías locales están en mora de meterle diente al problema y tomar correctivos. Y es que, a pesar de que hay denuncias incluso de muertes de pacientes, hasta ahora no se ha visto la primera sanción ejemplarizante.
La Fiscalía, que en enero desmontó varias IPS de papel que le robaron 4.000 millones de pesos al Soat, también está en mora de tocar esos poderosos intereses que controlan algunas clínicas, varios de los cuales saltaron ya a la arena política en los departamentos. En fin, todos los actores de la salud deben denunciar y proscribir estas prácticas, en las que la vida y la salud de las personas terminan siendo un simple negocio.
EDITORIAL
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