“Dilatar y dilatar: eso fue lo que hicieron en la Procuraduría”, así resume Ceferina Guardo como se llevó el proceso disciplinario en contra del coronel Gustavo Chavarro que está sindicado de asesinar a su hijo Juan David Guardo; y esto mismo temen que suceda con su caso los padres del grafitero Diego Felipe Becerra.
Los dos homicidios ocurrieron en 2011, en la localidad de Suba. En ambos casos los presuntos victimarios eran policías, pero además, los familiares de las víctimas denuncian que habrían ocurrido una serie de irregularidades en la recolección de las pruebas, por lo que en los dos casos se maneja la hipótesis de que hubo un montaje.
El caso de la muerte de Juan David Guardo ocurrió el 27 de febrero del 2011 cuando el coronel Gustavo Chavarro, supuestamente para impedir un atraco que perpetraba el joven de 17 años en la calle 127A con avenida Ciudad de Cali, le disparó con un arma cuyo uso, según las autoridades, está prohibida por Derecho Internacional Humanitario.
El homicidio ocurrió a las 7 de la noche, sin embargo, se demoraron 40 minutos para trasladar al adolescente al hospital de Suba. Por otro lado, Guardo vestía un uniforme deportivo pero apareció con otras prendas cuando fue trasladado al centro médico.
Además, Guardo apareció con un arma tipo ‘changón’, la cual, de acuerdo con el peritaje que realizó la Fiscalía General, no tenía las huellas del joven.
En este caso se inició un proceso en la Procuraduría el 4 de marzo del 2011, pero nunca tuvo un fallo, porque en esa entidad los procesos prescriben a los cinco años.
Ante este hecho, la señora Ceferina Guardo le envió al ente un Derecho de Petición, y el Ministerio Público le contestó que la investigación se quedó en “práctica de pruebas de descargos y sin que resuelva respecto de las mismas”.
No obstante, en la Procuraduría aseveraron que: “No fue una investigación descuidada (...), pues desde la presentación de su queja, el 4 de marzo del 2011, se realizaron todas las diligencias necesarias en aras de establecer la verdad de lo sucedido”.
Por este caso, los padres de Diego Felipe Becerra temen que en la Procuraduría pase lo mismo con el proceso disciplinario que se lleva en contra de los policías a los que se les sindica de alterar la escena del crimen del lugar en el que fue ultimado el menor, el 19 de agosto del 2011.
En este caso se señaló que el patrullero Wilmer Alarcón le disparó a Becerra después de que este huyera porque supuestamente había atracado en un bus de servicio público. Pero igual que en el caso de Guardo hubo una serie de irregularidades como la demora en la entrega del informe sobre los hechos por parte de la Policía, además de los testimonios en los que se asegura que el grafitero no portaba armas cuando se le halló muerto.
El proceso en la Procuraduría, por el caso de Becerra, inició en noviembre del 2011 y se investigan a los coroneles José Javier Vivas –que para la época era el subcomandante de la Policía de Bogotá– y Nelson Arévalo –que era comandante en la localidad de Suba–, al teniente Rosemberg Madrid Orozco –comandante del CAI que atendió el caso–, al subintendente Juan Carlos Leal y a los patrulleros Nelson Rodríguez y Fredy Navarrete.
“El pliego de cargos se realizó el 19 de marzo del 2014 y pese al material probatorio tan contundente que la Procuraduría posee, no se han dado las sanciones disciplinarias correspondientes. Lo cual nos preocupa ya que existen precedentes fuertes de impunidad, como la prescripción del proceso por el asesinato de Juan David Guardo”, señaló Gustavo Trejos, padre de crianza de Diego Felipe Becerra.
En la Procuraduría aseguraron que en este caso también han sido diligentes y que antes del 15 de agosto proferirán un fallo: “El 1.° de julio del 2016, el procurador delegado para la Policía Nacional corrió traslado para que se surtan los respectivos alegatos de conclusión, etapa previa al fallo de primera instancia. El pasado 12 de julio se ofició a los sujetos procesales para que estos presenten sus alegatos por el término de diez días”, concluyeron en la Procuraduría.
Así las cosas habrá que esperar la comparecencia de los uniformados ante el ente de control, pero el tiempo corre y si no hay un fallo en este caso antes de noviembre, el proceso prescribirá.
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BOGOTÁ