La pérdida de pistolas que no obstante estar bajo custodia fueron usadas en homicidios, el alquiler de armas incautadas a grupos delincuenciales y el estado de abandono y oxidación en el que se encuentran esos elementos prendieron las alarmas de la Fiscalía, la cual trabaja en un plan para depurar los armerillos del Ejército y la Policía en todo el país.
Un informe de la dirección de seguridad ciudadana de la Fiscalía entregado al fiscal general encargado, Jorge Fernando Perdomo, estableció que en esos armerillos hay al menos 188.000 armas y más de dos millones de municiones que han sido decomisadas y están bajo custodia de las autoridades.
Las armas fueron incautadas a personas que las portaban ilegalmente o fueron usadas en delitos que están en investigación. Sin embargo, la Fiscalía señala que no hay un control efectivo a la cadena de custodia y esos elementos se están dañando, además de que hay un alto riesgo de que se pierdan.
El órgano acusador ya ha documentado los casos de al menos 617 armas que terminaron siendo usadas por delincuentes.
A comienzos de abril fue capturado el jefe de la Sijín de Santa Marta y a otros cuatro uniformados se les señaló de sacar más de 150 armas del almacén de custodia de la Policía, las cuales habrían terminado en manos de integrantes de la banda ‘los Pachencas’. Ellos, según la investigación, falsificaban las firmas de fiscales para autorizar la extracción de las armas que supuestamente iban a ser usadas en investigaciones y juicios.
En Cali ya se había reportado la pérdida de 460 armas, entre ellas 50 fusiles que estaban bajo custodia en el almacén de evidencias de la Tercera Brigada del Ejército. La investigación llevó a la captura de cuatro personas, entre ellos dos militares que habrían sacado lar armas para venderlas. En medio de la investigación fue capturada en flagrancia una mujer que salía de la unidad militar con siete armas adheridas a un chaleco.
Casos similares se han registrado en Pereira, Pamplona y Barranquilla, en donde han sido judicializados uniformados y civiles.
El director de seguridad ciudadana de la Fiscalía, Luis González, dijo que se inició el inventario nacional, que estará listo al finalizar el año, para saber exactamente cuántas armas y municiones están en los almacenes de evidencias de la Policía y el Ejército, los cuales son por ley los encargados de la custodia de esos elementos.
La idea es entregar al departamento de control y comercio de Armas del Ejército las que ya no estén siendo usadas en procesos judiciales, para que sean fundidas en la planta de Sogamoso, Boyacá.
Dos equipos de fiscales y peritos realizarán la evaluación de cada arma para evitar destruir pruebas que puedan requerirse en juicios en curso, como sucedió con la mini-Uzi que fue usada en el crimen del líder del M-19 Carlos Pizarro. Esa arma solo aparecía con una referencia de que era un elemento “regrabado y carcomido”, pero no tenía información del caso al que pertenecía, por lo que fue fundida.
Hasta ahora, la Fiscalía General ha destruido 4.400 armas, con lo que ha empezado a descongestionar los armerillos de la Policía y el Ejército.
“Los fiscales no tomaron en su momento decisiones oportunas sobre las armas, lo que no solo ha afectado el erario por los altos costos de administración, sino que se ha permitido abrir la puerta a prácticas de corrupción”, señala un documento de la Fiscalía que cuestiona a los funcionarios del ente acusador que no ordenaron destruir las armas que estaban vinculadas a sus investigaciones una vez fueron concluidas.
“Esos elementos se encuentran en un estado de deterioro, por la oxidación que presentan, con lo cuales se han vuelto inservibles algunas; no se encuentran embaladas ni rotuladas”, se lee en el diagnóstico de la Fiscalía.
En las unidades militares del país hay, según un primer balance, 98.962 armas y en sedes de la Policía, 89.934. En esa auditoría no hay reportes de al menos 20 sedes de la Policía, por lo que la cifra de armas sería mucho más alta.
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