Mientras el Gobierno y las Farc no hayan firmado el acuerdo final de paz, el trabajo de las campañas por el sí o por el rechazo a lo pactado con esta guerrilla, que tomaron impulso esta semana tras el aval de la Corte Constitucional al plebiscito como mecanismo de refrendación, será apelar al dilema de guerra o paz, para el primer caso, o de paz con o sin impunidad, para el segundo caso.
Hasta ahí parece fácil. Para el sí, porque se trata de mover la emocionalidad de los votantes, y para el rechazo –no o abstención–, porque se trata de vender un eslogan simplista cuya veracidad, además, es absolutamente discutible.
El verdadero desafío para estas campañas comenzará una vez que se haya firmado el acuerdo final de paz, que es cuando el presidente Juan Manuel Santos hará público todo lo pactado con las Farc en más de tres años de negociaciones y convocará oficialmente al plebiscito.
Ese será el momento en el que los colombianos podrán contrastar los mensajes de las campañas por el sí o por el rechazo a los acuerdos con el verdadero contenido de estos.
Si bien el ciudadano común no es dado a profundizar en los temas complejos de una campaña política, tanto los partidarios como los opositores de los acuerdos de La Habana podrán apoyar sus mensajes con datos duros.
Por ejemplo, para los promotores del sí será el momento de desmitificar muchas de las afirmaciones que ha hecho el uribismo, que ha reducido los acuerdos de paz a que los guerrilleros con delitos graves no irán a una cárcel tradicional y a que participarán en política. Al conocerse el detalle de los acuerdos, al Centro Democrático le quedará más difícil aferrarse a esa teoría.
La paz con las Farc, como lo mostrarán los documentos finales, es mucho más que lo que dice el uribismo y pasa, entre otras cosas, por mejorar las condiciones de vida de la gente del campo, escenario principal de la guerra.
Pero, también, quienes rechazan los acuerdos tendrán la oportunidad de enfocar sus baterías en puntos concretos como el número de curules que tendrán las Farc en el Congreso.
Lo que falta en la mesa
Este es uno de los asuntos que se están discutiendo en la recta final del proceso de paz, y hace parte del tema de la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil.
Precisamente, en los últimos días los negociadores del Gobierno y la guerrilla entraron de lleno en este punto, con todo lo que implica si se tiene en cuenta que la reintegración de las Farc será colectiva.
La reincorporación incluye, por ejemplo, la financiación estatal de cooperativas agrícolas que seguramente pondrán en marcha los guerrilleros, un sistema de salud para los excombatientes y un programa de nivelación educativa.
Funcionarios del Ministerio de Hacienda y de las consejerías para el Posconflicto y la Reintegración estuvieron esta semana en La Habana apoyando a los negociadores del Gobierno en estos temas.
Las Farc, por su lado, entregaron al Gobierno su propuesta para reincorporarse a la sociedad, y esta será respondida en los próximos días.
Además de las decisiones sobre estos puntos, falta definir las condiciones de la amnistía para los guerrilleros que no tienen delitos graves y para los que están hoy en las cárceles; el mecanismo de elección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la que juzgará y sancionará a los autores de delitos graves; el número de hectáreas que tendrá el Fondo de Tierras y la manera como estas se van a distribuir, y la manutención de los guerrilleros en la etapa de la concentración y el desarme.
Los tiempos
Con todos estos temas pendientes, el Gobierno y las Farc están haciendo lo posible por concluir la negociación en agosto. Pero antes de la firma del acuerdo final, esa guerrilla debe hacer su décima y última conferencia como organización armada para socializar entre las tropas los pactos de La Habana y sellar su conversión en movimiento político. Esto se tomará unas dos semanas.
De esta manera, la firma del acuerdo final, que según la sentencia de la Corte Constitucional sobre el plebiscito es condición necesaria para convocar esta consulta, podría irse hasta septiembre.
En ese caso, el plebiscito ocurriría en octubre. Esto, porque la ley establece que los acuerdos de paz pueden ser sometidos a votación solo cuando haya transcurrido, al menos, un mes de su publicación. Y eso solo será posible cuando esté firmada la paz definitiva.
Si este fuera el escenario, las campañas por el sí y por el rechazo a los acuerdos de paz tendrán su máxima intensidad entre septiembre y octubre.
En los próximos días el uribismo definirá si se va por el no o por la abstención. El dilema del Centro Democrático tiene que ver con los riegos políticos que le plantea cada una de estas opciones.
Con la abstención, no podrá hacer campaña abierta porque la Corte Constitucional solo dio aval para campañas por el sí y por el no.
Sin embargo, si no se rebasa el histórico de participación en las elecciones colombianas –entre 45 y 50 por ciento–, el uribismo puede argumentar que los acuerdos no son legítimos y mantener vivo ese tema para su campaña del 2018.
Pero si la participación sobrepasa los porcentajes históricos y el sí gana con amplia ventaja, quedaría sepultado el discurso uribista contra los acuerdos de paz.
En cambio, si el Centro Democrático opta por el no, podrá hacer campaña abierta contra los acuerdos. El desafío, en ese caso, es ganar, porque un triunfo del sí también dejaría a ese partido sin su principal bandera política.
En ese caso, el Gobierno no solo obtendría la refrendación de los acuerdos de La Habana, sino que la coalición oficialista arrancaría con pie derecho la campaña presidencial del 2018.
MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora de EL TIEMPO
En Twitter: @MarisolGmezG
