Las polémicas por un bloque de petróleo en la región de La Macarena, los títulos mineros en el valle del Cocora o la posible explotación de fracking en Cesar tienen en común el rol de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la institución que se mantiene en el ojo del huracán porque de su juicio dependen parte de los grandes proyectos económicos del país, así como la conservación del medioambiente.
En un diálogo con EL TIEMPO, Claudia Victoria González, directora (e) de la Anla, explica los retos de esta entidad.
¿Cómo encontró la Anla tras la salida del exdirector Fernando Iregui?
Básicamente, la autoridad es muy técnica. La mayoría del pueblo colombiano no conoce lo que nosotros hacemos. Ese desconocimiento y el manejo que se le dio a la polémica, más enfocada hacia la persona que a la entidad como tal, afectó de manera importante la imagen de la Anla.
Si es una institución tan técnica, ¿por qué esa mala reputación?
No pudimos explicar de manera adecuada lo que sucedió en la serranía de La Macarena, que era un tema de ordenamiento del territorio.
Se requiere fortalecer la participación y lograr una mayor integración de las corporaciones. Estamos buscando hacer mesas de trabajo con ellas.
Existe la percepción de que las decisiones se toman en Bogotá, ¿son suficientes las audiencias públicas para que la región participe?
El licenciamiento ambiental obliga a que los dueños de proyectos hagan una socialización antes y durante los estudios. Esas medidas se deben presentar a la comunidad.
Hay muchos mecanismos más allá de las audiencias públicas; sin embargo, falta fortalecerlos. No se dan tantas audiencias como se debería. Necesitamos escuchar más a las regiones.
Otra de las inconformidades es el seguimiento a los permisos ambientales...
Hemos buscado que se fortalezca ese proceso. Hay una figura de inspectores regionales que trabajan en departamentos como Meta, Casanare, Cesar y Magdalena.
¿Cuántos inspectores trabajan en la región?
Son seis personas. No están en todo el país, sino en sitios donde hay mayores expedientes. Como en Casanare, donde trabajan dos personas, porque hay 350 expedientes. Ellos se encargan con la corporación de atender las quejas de manera inmediata. Ellos informan y los equipos de seguimiento se desplazan a atender las quejas.
¿Y en Bogotá cuántos trabajan en ese tema?
Nosotros contamos con unas 150 personas, que trabajan en el seguimiento ambiental. Mensualmente revisan unos 30 proyectos. Tenemos en total 1.600 expedientes de los que se podría hacer el seguimiento.
¿Considera que son suficientes esos esfuerzos?
A través de Hacienda buscamos más apoyo económico, para poder hacer la totalidad del seguimiento, porque con estos recursos no es factible.
¿Cuál es la capacidad de la Anla para vigilar permisos?
En este momento, se puede hacer seguimiento al 50 por ciento de los expedientes que tenemos en ejecución.
¿Cuántas solicitudes de licencia están en proceso?
En total, tenemos 79 solicitudes, pero solo 38 pueden ser evaluadas, porque las otras están a la espera de que el solicitante entregue información adicional o están suspendidas por otras razones.
¿Cuáles de esas 38 se relacionan con proyectos de interés nacional?
Aproximadamente la mitad.
Se ha rumorado que hay presión para que a estos proyectos se les dé aprobación. ¿Es cierto?
No existe una presión del Gobierno Nacional. Se debe garantizar que la evaluación se haga de manera rigurosa y que cumpla todos los requisitos.
¿A cuáles proyectos se les va a poner especial atención este resto de año?
La vía Ciénaga - Barranquilla, proyectos en el sector energético como El Quimbo e Hidroituango, el desarrollo petrolero en Casanare y Meta, todo lo que tiene que ver con el valle medio del río Magdalena y el uso de aguas superficiales, el caso del desvío del arroyo Bruno en La Guajira y otros proyectos mineros.
También se espera la primera licencia para la extracción de hidrocarburos por ‘fracking’…
En este momento tenemos una solicitud, que la hizo en el 2015 ExxonMobil, aún no nos hemos pronunciado.
La decisión del Gobierno Nacional es fortalecer las instituciones, revisar la afectación de aguas superficiales en la zona y conocer más la región.
¿Saldría este año?
No creería que los estudios nos permitan pronunciarnos este año.
¿Usted se declaró impedida para la licencia de ‘fracking’?
Yo declaré mi inhabilidad en relación con las actividades que había hecho con Ecopetrol, porque trabajé allá, y tampoco para los temas que ha adelantado mi esposo. Él es contratista para una empresa petrolera.
¿Esta empresa eventualmente se podría presentar para un proyecto de ‘fracking’?
Él trabaja en un tema de plan de manejo ambiental para un pozo convencional que fue licenciado con Shell. Esa licencia fue cedida a ConocoPhillips.
¿No tendría relación con esos temas?
Nada que tenga que ver con esa empresa.
LAURA BETANCUR ALARCÓN
Redactora de EL TIEMPO