La célebre película de Sergio Cabrera, La estrategia del caracol (1993), decía en uno de sus inolvidables diálogos que los problemas del país son dos: “la injusticia de la justicia y la falta de estrategia de la clase inquilinal”. Este último problema lo resolvió Cabrera magistralmente, al ejecutar una estrategia en la que, luego de un lío judicial en el que les dieron orden de desalojo, un travesti, un ciclista, pensionados, expatriados, amas de casa se pusieron de acuerdo para dejarle al aristócrata heredero del predio su casa pintada, pero totalmente desguazada.
¿Qué pasó con la justicia? Según la Corporación Excelencia en la Justicia, 9 de cada 10 asesinatos quedan impunes. Pero no sabe uno qué es peor... si cuando la justicia no llega o cuando llega la injusticia a reemplazarla. Dos casos para ejemplificarlo: Andrés Camargo y Diego Palacio.
Camargo, como director del IDU en la primera administración de Enrique Peñalosa, dirigió la estrategia de dotar a Bogotá con una red vial que no había visto la ciudad. Cientos de kilómetros de avenidas, puentes, alamedas, ciclorrutas, andenes fueron construidos bajo su liderazgo. Era un ritmo de ejecución que la ciudad solo vio entonces. ¿Qué pasó? Que en uno de los proyectos, posiblemente el más vistoso, uno de los materiales falló. Un tema eminentemente técnico en el que aún no hay claridad sobre a qué obedeció el temprano deterioro de la obra. ¿Qué decidió la “justicia”? Acabar con la vida de Camargo, quien ha estado desde hace quince años defendiéndose, entrando y saliendo de la cárcel, en la que hoy se encuentra confinado.
Diego Palacio, mi amigo y compañero de trabajo en el gobierno de Uribe, corrió una suerte similar. Desde abril del 2015 está preso por el juicio que se le llevó a cabo en el marco de la Yidispolítica. El país sabe de las diferencias que hoy tengo con el presidente Uribe, pero esto no obsta para reconocer los logros de su gobierno ni para registrar los excesos de la justicia frente a casos de funcionarios probos como Diego.
Muchos, dentro y fuera del gobierno, nos opusimos a la segunda reelección y a los métodos utilizados para su aprobación en el Congreso. Pero de ahí a condenar penalmente a quienes la defendieron hay un largo trecho. Nadie ha acusado a Diego de corrupción o de apropiarse de un solo peso público. Tampoco ha optado por el desconocimiento de las leyes ni ha buscado refugio en otros países. No obstante, el país parece haberse olvidado de Diego...
Estos son solo ejemplos de un mal endémico de la justicia y de la función pública. Cada vez es más difícil que buenos profesionales se animen a trabajar en el servicio público. ¿No será hora de que nuestra sociedad condene con el mismo entusiasmo la impunidad de los culpables y la condena de los inocentes? ¿No será el momento de entender en su real dimensión la presunción de inocencia evitando el linchamiento público y mediático?
Tal vez hubiera sido mejor dejar la justicia en manos de los habitantes de la Casa Uribe (la de la película de Cabrera, claro está). ¿Ellos habrían usado los carros de la entidad para hacer escándalos y luego “empapelar” a los policías que los denuncian? ¿Habrían protagonizado escándalos por exigir sobornos a cambio de fallos favorables? ¿Habrían recurrido al paro una y otra y otra vez por meses enteros y habrían juntado el paro con las vacaciones? Lo que es de película, de lágrimas y desesperación es la justicia de este país. Confiemos en que la estrategia del nuevo Fiscal no esté dirigida a ayudar a amigos y a comprar aviones, ambulancias, universidades y algoritmos. Tiene todas las credenciales para devolverle la majestad que requiere la Fiscalía. Esperemos que lo logre.
Cecilia Álvarez-Correa