Por fin, cerca del amanecer del viernes, concluyó el paro camionero que durante casi siete semanas alteró el normal desarrollo de las actividades a lo largo y ancho del país. La lista de damnificados por el cese de operaciones es imposible de medir, pero va desde millones de familias que tuvieron que pagar más por los alimentos que consumen hasta miles de fábricas cuya capacidad productiva se vio afectada por la falta de insumos, aparte de los incontables campesinos que no pudieron vender la leche y los perecederos provenientes de sus parcelas.
Ahora que retorna la normalidad, hay que hacer votos por que se pueda recuperar algo del terreno perdido, aunque es indudable que la economía sentirá el golpe justo cuando soplan con fuerza los vientos de la desaceleración. El deseo también se extiende a la inflación, que hace meses se salió del cauce definido por el Banco de la República y ahora debería moderar su ritmo en la medida en que el adecuado abastecimiento sea la norma en centrales de abasto y plazas de mercado.
Pero, aparte de hablar de los costos incurridos, vale la pena mencionar que el acuerdo logrado entre las autoridades y los líderes de los transportadores es trascendental. El motivo es que las pretensiones más extremas quedaron sepultadas, y se sentaron las bases para que el sector sea más competitivo. Avanzar en ese terreno es fundamental en un país en donde el valor de transportar una tonelada de bienes supera con creces el que se cobra en otros lugares de América Latina.
Para decirlo de frente, los promotores de la parálisis –que jugaron la carta de la debilidad del Gobierno– fueron por lana y salieron trasquilados. No habrá rebaja de combustibles ni de peajes, como tampoco será revivida la tabla de fletes, desmontada en buena hora y que habría subido las tarifas de la carga en 40 por ciento. Es verdad que el cuestionable método de la chatarrización se mantiene, a fin de garantizar que el parque automotor actual no aumente su tamaño, pero las autoridades se comprometieron a hacerlo transparente, para evitar las prácticas corruptas que lo volvieron inoperante.
Nada de eso parecía posible en los momentos más difíciles de la protesta, cuando se afectó seriamente la llegada de artículos esenciales a las capitales más importantes. Tal como había ocurrido en el pasado, el propósito de los líderes del movimiento se concentró en bloquear zonas enteras del territorio nacional, acudiendo a la violencia y la intimidación. Atentados criminales como el que sufrió el aún convaleciente Gobernador de Boyacá son muestra de las tácticas usadas por algunos dirigentes, más interesados en su bienestar personal que en el de sus agremiados.
No obstante, hay que reconocerle al Gobierno que se plantó firme a la hora de aguantar el chaparrón. Dicha actitud incluyó la organización de caravanas que permitieron movilizar más de 40.000 vehículos, la presencia de cerca de 50.000 unidades de las Fuerzas Armadas en las carreteras, al igual que la respuesta del Esmad para combatir bloqueos y disturbios. Las lamentables pérdidas de vidas, los heridos y los inmuebles destruidos son atribuibles a los vándalos, que merecen castigo ejemplar.
De manera paralela, la actitud de la Fiscalía, que comenzó a investigar a personajes de cuatro en conducta que pretendían pescar en río revuelto, sirvió para separar la paja del heno. Igualmente, la suspensión de licencias de funcionamiento, la incautación de los vehículos con los que se bloquearon las vías, y los castigos a los conductores que alteraron el orden público trazaron un límite entre el legítimo derecho a la protesta y el chantaje por métodos violentos.
Gracias a la combinación de los factores mencionados, el paro no tuvo el efecto que sus impulsores pretendían. La eficacia del Ministerio de Defensa, combinada con el accionar de la justicia y de las entidades dedicadas a la supervisión, hizo que la única salida fuera la negociación, con el desenlace conocido.
Superado el escollo, es de esperar que, tras la derrota de las facciones más radicales, Gobierno y camioneros comiencen a trabajar hombro a hombro en mejorar la competitividad de un sector en el que hay tanto por hacer. Ello incluye una revisión de normas y procedimientos, con el objeto de modernizarse y disminuir tiempos muertos, así como la necesidad de combatir la ilegalidad, entre muchas otras labores.
No menos primordial para Colombia es desarrollar el concepto de transporte multimodal, que pasa por mejorar la navegabilidad de los ríos o recuperar las vías férreas, para dejar de depender solo de las tractomulas. Concentrarse en la logística es otra asignatura pendiente, en un país que esta semana dio un salto importante y no puede perder la oportunidad de avanzar en un área que toca directamente las posibilidades de progreso de todos los colombianos.
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