Al menos 10.000 millones de pesos que la administración del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus pagó a cuatro instituciones médicas por supuestos tratamientos que debían beneficiar a niños con síndrome de Down o autismo están en la lupa de la Contraloría General.
Esta denuncia del organismo de control se suma a las irregularidades detectadas en esa región al encontrar que IPS de papel habrían defraudado al sistema de salud con recobros de más de 44.000 millones de pesos por tratamientos a falsos pacientes de hemofilia, investigación revelada por EL TIEMPO hace dos semanas.
Esta vez, la Contraloría detectó que las IPS Girasoles, Unidad Integral de Terapias de la Costa, Crecer & Sonreír Unidad Integral de Rehabilitación y Funtierra Rehabilitación recibieron millonarios recursos por recobros de servicios que no cubre el Plan Obligatorio de Salud (POS), por supuestos tratamientos de neurodesarrollo para niños con síndrome de Down o autismo que, en la mitad de los casos, no se practicaron.
De los más de 10.000 millones de pesos pagados, la Contraloría ha encontrado que 5.264 corresponden a servicios que debía cubrir el POS, pero que la Gobernación pagó directamente sin cobrárselos a las EPS. “Muchas de estas terapias no se realizaron, pero fueron pagadas dado que se facturaron por paquetes y no individualmente. A partir de mínimo 50 tratamientos realizados, ya se facturaban y pagaban la totalidad acordada”, dice el organismo de control fiscal.
De esos recursos por terapias, según la Contraloría, el mayor contratista es Funtierra Rehabilitación IPS Limitada. Se detectó que a pesar de que esta institución no tenía ningún contrato formal con la Gobernación, terminó recibiendo más de 7.000 millones.
El acta del convenio para prestar los servicios en el departamento, dice la investigación, es un documento de dos páginas, sin membretes. Ese documento para la Contraloría no tiene ningún valor legal, pues “se obviaron los requisitos de ley, como son estudios previos, una propuesta formal de la IPS y el contrato”.
La representante legal del centro médico es Tania Margareth Otero Arroyo, quien, según documentos, figura como dueña de la institución junto con Eduardo Padilla Hernández, reconocido abogado de Córdoba y a quien el año pasado la Registraduría le anuló su candidatura a la Gobernación porque las firmas suscritas tenían inconsistencias.
Llama la atención que hace una semana, después de que se denunciaron los desvíos de dineros con el cartel de la hemofilia, Padilla se presentó en la notaría tercera de Montería haciendo una declaración juramentada en la que advierte un supuesto riesgo contra su vida.
En el documento, conocido por EL TIEMPO, Padilla –sin hablar de su relación con Funtierra– afirma que ha denunciado las irregularidades con dineros de la salud en el departamento y que “si algún siniestro u homicida (sic) se lleva a cabo, responsabilizo al señor Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba”, así como a exfuncionarios de esa administración y de la actual Gobernación.
Otra de las IPS investigadas, Crecer y Sonreír Unidad Integral de Rehabilitación, le entregó al órgano de control soportes de supuestos servicios prestados en tres meses en el 2015. En esos documentos indican que una sola terapeuta atendió 178 pacientes en dos municipios Planeta Rica y Montelíbano, “siendo prácticamente imposible atender este número de usuarios en ambas poblaciones los mismos días”.
Como en el caso del ‘cartel de hemofilia’, la Contraloría detectó que los recobros que la Gobernación pagó a las IPS no habían sido autorizados por las EPS de los supuestos niños beneficiados.
