Editorial: Farc, no es por ahí

De acuerdo con el Código Penal, quien haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de dieciséis a cincuenta y cuatro meses, además de tener que pagar una multa que va de los 13,33 a los 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De esta manera nuestro ordenamiento legal castiga la injuria. Asimismo, sobre la calumnia, reza: “Quien impute falsamente a otro una conducta típica incurrirá en prisión de dieciséis a setenta y dos meses” y multa en el mismo margen que para el caso de la injuria.

Las Farc deben entender que su desmovilización no se limita a la esfera militar, a la dejación de las armas. Implica también, y más si planean acceder a cargos de elección popular, que desde ya demuestren un comportamiento público, si no ejemplar, por lo menos dentro de las normas del Estado de derecho.

Todo lo anterior como preámbulo para reprochar severamente los destemplados tuits de ‘Jesús Santrich’, negociador de esta organización insurgente, en los que señaló de “paraco, narco y criminal” al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Por supuesto que el que se trate de alguien que ocupó la más alta dignidad del Estado le da una connotación particular al episodio, pero no es esto lo único que lo hace inaceptable. Es, ante todo, el desprecio que en ella se asoma no solo por la ley, sino por unas pautas mínimas de comportamiento, sin las cuales el debate político se desdibuja y hace tránsito fácil al terreno de los señalamientos sin fundamento, de los insultos que van y vienen; en fin, a ese pantano de donde solo salen los egos fortalecidos, pero jamás la cultura política, la esfera pública, el bien común.

Deben saber las Farc, cuya favorabilidad en las encuestas es muy baja, que es noble y gallardo el gesto de la sociedad colombiana de, a pesar de su nutrido historial delictivo, hacer tabula rasa y abrirles un espacio para que regresen a la legalidad. Esto, por no mencionar la posibilidad que tendrán de acceder mediante el favor popular a posiciones que exigen calidades en las antípodas de las que el jueves dejó ver ‘Santrich’.

El reto de construir una paz estable y duradera es integral y tiene que incluir a todos los sectores, todas las orillas. Con esto queremos decir que no pueden limitarse a la ejecución efectiva de los acuerdos o al silenciamiento de los fusiles. Tampoco, a la capacidad que demuestre el pueblo colombiano de pasar la página y aceptar a las Farc como un partido político. Incluye también una necesaria dosis de autocrítica, entre los miembros de esta organización, que conduzca a una transformación en su actuar público que sea coherente con su dejación de armas.

Un cambio que no tiene por qué tocar sus convicciones, pero que sí debe llevarlos a moderar su beligerancia verbal para armonizarla con el Código Penal, claro, pero sobre todo para impregnarla de valores de carácter democrático.

El principal es el de saber que mi legitimidad en el debate, la posibilidad de que mi voz sea escuchada y trascienda, depende ante todo de que no la use para desconocer a mi oponente como interlocutor válido mediante descalificaciones gratuitas. Es respeto al adversario y a la ley, nada más.

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