Al conocerse la denuncia de la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo) contra Terpel, por supuestamente estar reduciendo los precios de la gasolina y el gas con el objetivo de monopolizar el mercado, la empresa refutó esas acusaciones diciendo que al rechazar la propuesta para crear ese cartel, hecha por los directivos del gremio en el Caribe y Bolívar, estos optaron por instaurar la denuncia penal en su contra.
Terpel sostiene que desde junio puso en conocimiento de las autoridades que no accedió a la propuesta de un acuerdo de precios al alza cuyo efecto sería la cartelización del mercado.
Complementa la compañía que la denuncia interpuesta en su contra es parte de una estrategia jurídica, política y de medios de comunicación estructurada y ejecutada por los directivos de estas asociaciones gremiales con el fin de presionar a Terpel a que incremente sus precios o salga del mercado de estaciones de servicio.
Denuncia la organización que “dichos directivos le aseguraron a Terpel que, de no acceder a la propuesta mencionada, las consecuencias serían denuncias penales contra su junta directiva y representantes legales y demandas por competencia desleal, campaña en su contra en medios de comunicación y presión en el Congreso de la República y otras instancias para prohibir que Terpel y otras mayoristas tengan estaciones de su propiedad”.
“El equipo legal de Terpel está encabezado por el exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez y respaldado en el tema de competencia por Alfonso Miranda Londoño, de la firma Esguerra Asesores Jurídicos, y por Pablo Márquez Escobar, de la firma Márquez Barrera y Castañeda.
La denuncia de Fendipetróleo
La federación impuso una denuncia penal ante la Fiscalía General contra la Organización Terpel por delitos relacionados con la manipulación de los precios de venta de gasolina y gas en varias estaciones de servicio del país.
Los abogados Rafael Pacheco y Nilson Pinilla (expresidente de la Corte Constitucional) lideran el equipo jurídico que buscará demostrar que se cometieron los delitos de agiotaje y concierto para delinquir.
Sostiene Pacheco que la denuncia está sustentada con material fotográfico de algunos puntos de venta en los que la compañía vendía el metro cúbico de gas en $1.117, cuando es adquirido por la misma en $900, a lo cual asegura se le deben sumar los costos fijos.
El abogado Pacheco indicó además que en la denuncia radicada en la Fiscalía se incluyen delitos por “venta por debajo de costo en algunas estaciones de gas, precios diferenciales manejados por Terpel tanto en gas como en gasolina, doble margen de utilidades en el mercado de combustibles líquidos y franquiciados timados por la empresa al hacerlos firmar documentos que son contrarios a la realidad jurídica de Colombia”.
Precisó que las prácticas ‘monopolísticas’ de la empresa habían llevado a la quiebra a varios distribuidores minoristas de Barranquilla y Cartagena, pero que estos comportamientos se identificaron en varias zonas del país.
Cuando Pacheco hacía su exposición de las motivaciones de la acusación, un grupo de asistentes al evento cuestionó la acción jurídica por considerar que esta era tendenciosa y parcializada, algunos de ellos sostuvieron que había intereses ocultos en la denuncia y que eran motivados por otro distribuidor mayorista, que veía en Terpel un fuerte competidor.
Estos distribuidores minoritarios dijeron que fue gracias a Terpel que lograron que sus negocios surgieran, porque la empresa los capacitó para enfrentar los nuevos desafíos del mercado.
Aseguraron que desde la compañía se les dieron facilidades para realizar un diplomado en la Universidad de Los Andes, que les ayudó a tener un mejor manejo contable, debido a que con la entrada de las Normas Internacionales de Información Financiera (Niif) estaban en la obligación de reportar sus estados financieros bajo esa estructura, para la cual no estaban preparados.
Del mismo modo, sostuvieron que gracias a Terpel se le logró hacer frente al contrabando de combustible en Norte de Santander con la construcción de una planta en la zona, por lo cual consideraban injusto emprender acciones legales contra esa compañía desconociendo los avances alcanzados e ignorando los comportamientos de otras empresas del sector que están teniendo el control absoluto del mercado en las zonas donde operan.
Sin consenso en el gremio
A pesar de que la denuncia contra la empresa fue radicada por el gremio que representa a los distribuidores minoritarios, varios de estos manifestaron que desde el año anterior optaron por revivir asociaciones regionales del pasado para tener unión en aspectos que afectaran a todo el gremio, ya que no veían ayuda por parte de Fendipetróleo.
Representantes de Antioquia y Norte de Santander, lideraron las críticas a la acción judicial y pidieron que de promover algún tipo de pleito se haga contra todas las empresas del sector para identificar esos comportamientos.
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