Al fallar una tutela a favor de Juan Gabriel Gómez Albarello, la Corte Constitucional les ordenó al Icetex y a Colciencias que revisen los requisitos para condonar una deuda que el profesor mantenía con esas instituciones, tras ser beneficiario de una beca-préstamo Fullbright en el 2000.
La beca con la que logró cursar parte del doctorado en ciencias políticas en Washington University, en St. Louis, permitía que no se le cobrara el 100 por ciento del costo de esos estudios, siempre y cuando Gómez los terminara en un plazo de 48 meses y volviera al país para reincorporarse en su trabajo como investigador.
Pero al no regresar Gómez, pues estaba en riesgo su seguridad según argumentó, ni terminar la beca en el plazo indicado, el Icetex y Colciencias le cobraron todo el préstamo, que suma 400 millones de pesos más un 10 por ciento de comisiones.
La Corte revisó el caso y les ordenó a Colciencias y a Fullbright que le permitan a Gómez cumplir las obligaciones que inicialmente se habían pactado para que adelante las actividades de ciencia y tecnología e innovación necesarias para que le puedan condonar la deuda. Además, le ordenó al Icetex suspender el cobro.
En la tutela, el reconocido profesor de la Universidad Nacional asegura que se le estaba vulnerando su derecho al debido proceso, pues las instituciones no tuvieron en cuenta que si no había vuelto a Colombia en esa época era por una “amenaza contra su vida y seguridad, en razón de la situación de orden público que atravesaba el país”, por lo que le resultaba imposible “terminar el doctorado en el término pactado”.
En el proceso, Gómez aseguró que el riesgo contra su seguridad personal se dio porque en Colombia trabajaba como investigador en el área de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, sector amenazado en esa época.
Por ejemplo, contó que en diciembre de 1999 su hermana Margarita Gómez Albarello, periodista, había sido amenazada por paramilitares cuando cubría violaciones a los derechos humanos por parte de este grupo, por lo que tuvo que exiliarse en el exterior.
Además, que ese mismo mes un colega y un amigo suyo fueron víctimas de un ataque sicarial por parte de las Farc, también por su trabajo humanitario.
Agregó que el 5 de marzo del 2002, dos primos de su madre fueron asesinados en zona rural de Ibagué, en un intento de secuestro por parte de las Farc, y un año después una amiga suya, asesora de la Cruz Roja y profesora de Derecho Internacional, tuvo que dejar el país por amenazas de paramilitares.
Así, en el 2000, cuando Gómez recibió la beca en Estados Unidos, le planteó a Colciencias y al Icetex la imposibilidad de regresar por el riesgo que su profesión implicaba.
Aseguró que en junio del 2001, ante su negativa a volver y “la inminente pérdida de apoyo económico por incumplir las condiciones del contrato”, recibió una oferta de Washington University que le dio unos fondos para terminar el doctorado.
Finalmente, en el 2006, Gómez se graduó como doctor en Ciencia Política y aceptó un trabajo como profesor invitado en una universidad de EE. UU. Volvió a Colombia en el 2009 y se vinculó en el 2010 con la Universidad Nacional, en donde ha venido trabajando en el área de investigador.
En la sentencia, la Corte recordó que en caso de iniciarse cualquier acción contra un deudor, se deben tener en cuenta los límites del “interés público y el respeto por los derechos fundamentales”, al considerarse que la voluntad de las personas para cumplir un contrato se puede ver vulnerada por hechos externos e imprevisibles.
En este caso, la Corte asegura que se debió analizar que se trató de un caso de “fuerza mayor”, pues el contrato de la beca fue incumplido por Gómez por el riesgo que existía contra su vida y su seguridad.
“Se puede inferir razonablemente que sobre el accionante recaía un riesgo contra su vida e integridad en su calidad de investigador de la Universidad Nacional, y en esta medida es apenas comprensible la actitud y prevenciones asumidas por el señor Juan Gabriel Gómez Albarello respecto de su temor de regresar al país. Ello, incluso, en el caso de no haber recibido amenazas o ser víctima de algún tipo de atentado de forma directa”, señala la Corte Constitucional en su sentencia.
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