¿Por qué al reportarse un accidente de tránsito con heridos aparecen dos o más ambulancias para llevarse a los lesionados en cuestión de minutos, pero incluso frente a emergencias como ataques cardiacos o convulsiones las ambulancias se pueden demorar más de media hora o, simplemente, nunca llegan?
La respuesta a esa pregunta, que se han hecho miles de colombianos, está en el millonario botín en que se ha convertido para decenas de instituciones de salud del país y sus satélites el Seguro Obligatorio de Accidentes (Soat).
Los casos se dan a diario por toda Colombia. En Bogotá, la Secretaría de Salud investiga denuncias sobre clínicas que les pagan a los operarios de las ambulancias –entre 50.000 y 600.000 pesos, dependiendo de la lesión– por cada herido en accidente de tránsito que les lleven.
“Hay dueños de ambulancias privadas que les pagan a despachadores del Centro Regulador de Urgencias (CRU) para que les avisen a ellos de los accidentes. Eso pasa frecuentemente: hay un accidente de tránsito, llaman al CRU, se envía una ambulancia del Distrito y cuando llega, ya hay una o tres privadas ahí y nadie sabe quién la llamó”, dice el médico Luis Gonzalo Morales, secretario de Salud del Distrito.
De hecho, se investiga si la frecuencia de radio del Centro Regulador está chuzada, porque la llegada de las ambulancias privadas a los sitios de accidente se da casi simultánea a los reportes de heridos.
En Cali existe entre los que manejan ambulancias una práctica conocida como ‘la lleva’: para evitar peleas por quedarse con los heridos, las cuales ocurrían, los paramédicos acordaron que quien se queda con el caso es el primero que toca, literalmente, al lesionado.
“Ante la falta de liderazgo institucional y el escaso control a las ambulancias, los accidentes de tránsito se convirtieron en un negocio para el sector privado”, dice en un informe del año pasado el expersonero de Cali Andrés Santamaría.
Para las IPS, es más rentable atender a un paciente del Soat porque el pago de los servicios requeridos se da máximo un mes después, mientras que los pagos de las EPS se demoran 180 días o más. Además, los controles sobre los servicios realmente prestados son precarios, pues las normas vigentes son laxas y hasta ahora las entidades de control no les han metido diente a los casos de fraude.
Las comisiones que pagan algunas clínicas son la razón por la que muchos pacientes no son conducidos al centro médico más cercano, como lo indican la lógica y la ley, sino a los que tienen arreglos con los paramédicos.
“Esos ‘paseos de la muerte’ por la plata del Soat no solo siguen poniendo en riesgo la vida de los heridos en accidentes, sino que se están convirtiendo en una talanquera para que las personas que tienen una urgencia médica que no es producto de un choque puedan tener una ambulancia”, le dijo Santamaría a EL TIEMPO.
El año pasado, tras un grave accidente de un bus del MÍO en la vía de Cali a Puerto Tejada, que dejó un muerto y 20 heridos, las autoridades confirmaron que solo dos de los lesionados fueron conducidos a la clínica más cercana, que estaba a cinco minutos de recorrido. La mayoría de los heridos terminaron inexplicablemente en clínicas que estaban a 20 minutos de camino, en promedio.
‘Paseos de la muerte’
Como lo señaló un informe publicado este jueves, la Superintendencia de Salud investiga a 54 clínicas del país por posibles fraudes con los cobros del Soat. Facturación de servicios no prestados, pacientes fantasmas y malas prácticas médicas tendientes a ahorrar costos que son cobrados plenamente al sistema están entre las irregularidades detectadas.
Según Fasecolda, el gremio de las aseguradoras del país, cada año esas trampas podrían costarle al país casi 100 mil millones de pesos.
En Atlántico, el departamento con el mayor número de reportes de supuestos casos fraudulentos con el Soat, las autoridades cerraron las urgencias de la clínica Santa Ana, de Baranoa, porque una de sus ambulancias recogió a tres heridos en un accidente entre Palmar de Varela y Sabanalarga. En vez de llevarlos a un centro de atención de esos dos municipios, emprendió un viaje de 22 kilómetros, más de media hora, hasta Baranoa. Sabanalarga es el segundo municipio más grande del departamento y tiene uno de los hospitales más grandes del Atlántico.
En Barranquilla, según denuncias publicadas por el diario El Heraldo, hubo un caso en el que los paramédicos bajaron de las ambulancias a personas lesionadas que les exigieron llevarlas a la clínica que estaba a pocas cuadras del choque.
El de Laura Milena, un caso emblemático
La Fiscalía y la Superintendencia de Salud no han avanzado en las investigaciones del caso de la universitaria Laura Milena Palencia, en Barranquilla, en abril del 2013. Ella fue atropellada por una camioneta cuando iba a cruzar una calle y la ambulancia que la recogió en el barrio Soledad 2.000 atravesó la ciudad de sur a norte. Al llegar a la clínica Jaller, a la cual estaba adscrita la ambulancia, ella estaba muerta.
Voceros de la clínica y los paramédicos sostienen que el procedimiento fue el adecuado. Pero la familia lleva tres años exigiendo respuestas por lo que sería un homicidio culposo.
