Más de 4.600 personas fueron asesinadas en el sur del Cesar y Norte de Santander entre 1995 y 2006, por órdenes directas o por linea de mando del exjefe paramilitar Juan Francisco Prada, alias Juancho Prada, según documentó el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, en un fallo contra el Frente Héctor Julio Peinado Becerra del Bloque Norte de las autodefensas.
Prada está en libertad a prueba desde octubre del 2015, tras cumplir ocho años de prisión y los requisitos para salir de la cárcel.
La sentencia del Tribunal afirma que hubo una “política sistemática y generalizada de exterminio contra la población civil que consistía en exterminar a todo aquel que ellos consideraban dañinos para la sociedad, colaboradores o auxiliadores de la guerrilla, violadores y miembros de sectas satánicas”.
Sacaban a sus víctimas de sus casas y trabajos, y luego las trasladaban al corregimiento de Puerto Mosquito, del municipio de Aguachica (Cesar), donde eran torturados, asesinados y arrojaban los cadáveres al río Magdalena.
“Aprovechaban el estado de indefensión de las víctimas para reducirlas por la fuerza, atando sus manos con un cable, las mantenían secuestradas por uno o dos días en fincas que eran adaptadas como cárceles, eran torturadas con métodos que producen asfixia mecánica y algunas víctimas eran sometidas a ver la fosa en la que iban a ser arrojados sus cuerpos”, dice el fallo con ponencia de la magistrada Alexandra Valencia.
En otros casos, los cuerpos de las víctimas eran expuestos en lugares públicos y carreteras.
Una de las masacres se registró el 17 de marzo del 2004 en la vereda el Pescado, municipio de San Alberto (Cesar).
Tres hombres de una misma familia (padre, hijo y primo; uno de ellos de 15 años) fueron sacados de su vivienda y llevados a una finca donde los torturaron con agua salada en la cara y amarrada con una toalla. Al día siguiente fueron asesinados.
En la sentencia condenan a Javier Antonio Quintero Coronel, alias Pica Pica, integrante de ese bloque por su responsabilidad en 42 hechos delictivos y 25 secuestros, que dejaron 53 víctimas directas y 318 víctimas indirectas. Quintero se desmovilizó desde el 2006 con otras 251 personas, entre estas 15 mujeres.
“Llegaba una información y se ordenaba la muerte. Matábamos por demostrar quiénes éramos”, dijo Quintero en audiencia.
El fallo resalta la omisión de algunos miembros de las Fuerza Pública contra la estructura paramilitar que garantizó la criminalidad. “Intercambiaban información y elementos de guerra. Información que servía para matar a personas”, señaló.
A ganaderos y comerciantes les cobraban “una cuota para la seguridad”. En San Martin recogían 200 millones al año, en San Alberto 350 millones al año y en Ocaña 500 millones por pago de extorsiones. Otras fuentes de financiación fue el narcotráfico.
El Tribunal de Justicia y Paz señala que la entrega de bienes por parte de ese grupo paramilitar fue irrisorio a la cantidad de víctimas que se registraron. Ese frente entregó cinco motocicletas, dos vehículos y dos predios que se encuentran en extinción de dominio. Además, exige a los exparamilitares la recuperación de cadáveres de las victimas desaparecidas.
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