El Ministerio de Defensa fue condenado por la muerte de cinco campesinos, entre ellos cuatro menores de edad, en la masacre de Cajamarca, que fue uno de los mayores escándalos vinculados a operaciones militares en Colombia.
En abril del 2004, uniformados de la sexta Brigada del Ejército realizaron una supuesta operación contra el grupo de finanzas del frente 21 de las Farc en el corregimiento de Anaime, en Cajamarca (Tolima).
Pero las víctimas resultaron ser los integrantes de una familia de campesinos, entre ellos un bebé de seis meses.
Aunque en principio el entonces presidente Álvaro Uribe consideró que se trató de un error militar, la justicia ya ha condenado a tres uniformados por su responsabilidad en un ‘falso positivo’ en el que intentaron hacer creer que la acción había sido cometida por grupos paramilitares.
El Consejo de Estado, a donde llegó la demanda de la familia de Camilo Pulido, una de las víctimas, consideró que la muerte de los campesinos, que “no tenían vínculos” con ilegales, fue una “grave violación de derechos humanos”.
El fallo dice que el gran número de condenas contra el Estado evidencian que los ‘falsos positivos’ fueron una práctica sistemática y que hay falencias en el proceso de incorporación de los uniformados e “insuficiente” control de sus actividades.
La Sala le dio un plazo de dos meses al Ministerio de Defensa para crear un plan de inteligencia que permita controlar el proceso de reclutamiento y las operaciones para evitar nuevos casos.
El tribunal dijo que la falta de control a los uniformados que participaron en la operación permitió que ellos “pervirtieran” sus funciones para cometer graves delitos. “Se echa de menos la adopción de medidas efectivas de vigilancia y control por parte de los superiores del Ejército, tendientes a lograr la cabal ejecución de la misión encomendada a sus subalternos, lo que denota indiferencia o tolerancia frente al comportamiento de los uniformados”, asegura.
