Al conocerse la denuncia de la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo) contra la Organización Terpel, por supuestamente estar bajando los precios de la gasolina y el gas con el fin de monopolizar el mercado, la empresa respondió a las acusaciones señalando que al rechazar la propuesta para crear ese cartel, hecha por los directivos del gremio en el Caribe y Bolívar, estos instauraron la denuncia penal en su contra.
Terpel sostiene que desde junio informó a las autoridades que no accedió a la propuesta de un acuerdo de precios al alza cuyo efecto sería la cartelización del mercado.
Agrega que “dichos directivos le aseguraron a Terpel que, de no acceder a la propuesta, las consecuencias serían denuncias penales contra su junta directiva y representantes legales y demandas por competencia desleal, campaña en su contra en medios de comunicación y presión en el Congreso de la República y otras instancias, para prohibir que Terpel y otras mayoristas tengan estaciones de su propiedad”.
El equipo legal de Terpel está encabezado por el exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez y respaldado en el tema de competencia por Alfonso Miranda Londoño de la firma Esguerra Asesores Jurídicos y por Pablo Márquez Escobar, de la firma Márquez Barrera y Castañeda.
La denuncia
Fendipetróleo interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General contra la Organización Terpel por delitos relacionados con la manipulación de los precios de venta de gasolina y gas en varias estaciones de servicio del país.
Los abogados Rafael Pacheco y Nilson Pinilla (expresidente de la Corte Constitucional) lideran el equipo jurídico que buscará demostrar que se cometieron los delitos de agiotaje y concierto para delinquir.
Sostiene Pacheco que la denuncia está sustentada con material fotográfico de algunos puntos de venta en los que la compañía vendía el metro cúbico de gas en 1.117 pesos, cuando es adquirido por la misma en 900 pesos, a lo cual asegura se le deben sumar los costos fijos.
Indicó además que en la denuncia se incluyen delitos por “venta por debajo de costo en algunas estaciones de gas, precios diferenciales manejados por Terpel tanto en gas como en gasolina, doble margen de utilidades en el mercado de combustibles líquidos y franquiciados timados por la empresa al hacerlos firmar documentos contrarios a la realidad jurídica de Colombia”.
Sin embargo, cuando Pacheco exponía las motivaciones de la acusación, un grupo de asistentes cuestionó la acción jurídica por considerar que esta era tendenciosa y parcializada. Algunos sostuvieron que había intereses ocultos en la denuncia y que eran motivados por otro distribuidor mayorista que veía en Terpel un fuerte competidor.
No hay consenso gremial
Pese a que la denuncia contra Terpel fue radicada por el gremio que repre- senta a los distribuidores minoritarios, varios de estos manifestaron que desde el año pasado optaron por revivir asociaciones regionales para tener unión en aspectos que afectaran a todo el gremio, ya que no veían ayuda por parte de Fendipetróleo.
Representantes de Antioquia y Norte de Santander pidieron que, de promover algún tipo de pleito, sea contra todas las empresas del sector para identificar esos comportamientos.
ECONOMÍA Y NEGOCIOS