Conseguir la plata para el posconflicto, lo que en parte se haría con una reforma tributaria, no es la mayor necesidad en materia económica una vez se cierre un acuerdo con las Farc. Distintos analistas estiman que es indispensable pensar en otros aspectos que, de no preverse, podrían arriesgar el adecuado funcionamiento del proceso en el que ahora entra Colombia.
Los analistas mencionan desde poner el ojo en el tema pensional de las fuerzas militares, pasando por cambios en la relación nación-región, hasta el cobro de un impuesto para desestimular la improductividad de la tierra.
Desde esa perspectiva, la cifra que se requiere para financiar el posconflicto, aunque es exorbitante, no es lo principal. Cualquier número en ese sentido, hasta ahora, es especulativo. Se han mencionado montos de 170 billones (exministro Juan Camilo Restrepo), 187 billones (Banco Mundial) y hasta 300 billones (senadora Claudia López) para los próximos 15 años.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que al término de este gobierno se habrán invertido alrededor de 80 billones de pesos, y el proceso para recaudarlos no parece tener mayores tropiezos. Muestra de ello es que el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, recordó que la ayuda que el país gestiona para el posconflicto es de 450 millones de dólares.
Más presión a la bomba pensional
Juan Carlos Ruiz, internacionalista de la Universidad del Rosario, pone sobre el tapete, como una prioridad, el aspecto pensional de la fuerza pública. “Si bien ya tenemos una bomba pensional que no tiene despejado el camino para conseguir los recursos que permitan pagar las mesadas a los que tienen derecho, ahora se agrega un punto nuevo y es que, durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, e inclusive desde antes (Pastrana, Samper y Gaviria), se ha venido robusteciendo el pie de fuerza en el país. Este creció en un 75 por ciento, mientras que la población solo lo hizo en 15 por ciento”.
Al decir del analista, ese aspecto no se planificó desde el punto de vista financiero, y ahora “no hay recursos para promocionarlos y en materia de pensiones tienen un régimen especial, por lo que se terminan jubilando muy jóvenes”.
Ruiz estima que el costo de estas vinculaciones podría ir de los 200 a los 400 millones de dólares al año, por lo que, a la luz de un posconflicto y ante una eventual reforma pensional, hay que abordar el tema. “Cambiar las reglas de juego ya es difícil, pero sí es necesario tomar medidas para los que empiezan y, definitivamente, revisar si será necesario mantener la Policía del tamaño en que está o, incluso, hacerla crecer, pero tal vez no se requiera ya un Ejército tan grande”.
Impuesto para usar mejor la tierra
Para Ana María Ibáñez, exdecana de economía de la Universidad de los Andes, aparte de las reformas rurales necesarias para que “el Ministerio de Agricultura sea más sólido y menos político”, es indispensable abordar el tema de tierras: “Hacer el catastro y formalizar la propiedad, lo mismo que un buen inventario de baldíos son algunas reformas que ya se han mencionado como prioritarias, pero es imprescindible diseñar un impuesto a la tierra (o modificar el predial) para que los grandes propietarios de tierra paguen más, lo que generaría un mejor uso productivo de esta”.
Lo que está en el Plan de Desarrollo
El Plan de Desarrollo 2014-2018, cimentado en la paz, contempla varios ejes, cada uno de los cuales requiere recursos que aún no han sido cuantificados del todo. Estos son:
* Reintegración
* Política antidrogas
* Desmovilización
* Reparación a víctimas
* Convivencia y seguridad
* Infraestructura
* Desarrollo rural
* Reforma integral a comisarías de familia
* Investigación para la lucha contra la criminalidad
Relación con regiones
Por su parte, Hubert Gehring, representante de la Fundación alemana Konrad Adenauer Stiftung (KAS) en Colombia, estima que una de las reformas urgentes en el país debe definir una nueva relación nación-región que haga más eficiente las inversiones. “Se habla en Bogotá de la paz, pero no se ha planteado un ordenamiento territorial en el que alcaldes y gobernadores tengan más posibilidades. Esto implica que si hay una eventual reforma tributaria, se requiere una distribución más justa en las regiones donde no hay inclusión social, que por lo general son las que han estado en conflicto”.
Primero la plata
A Ana María Olaya, directora de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad de La Sabana, le preocupa más el tema financiero para la paz, toda vez que la caída en los precios de los minerales seguirá haciendo hueco en las finanzas públicas tradicionales, y los dividendos de la paz de los que habla el Gobierno no se verán tan pronto.
“Las exportaciones tuvieron una caída de 68 por ciento entre 2012 y 2016, mientras que en el cuatrienio anterior habían crecido 154 por ciento (explicado por el aumento en precios internacionales). En el 2015, el 65 por ciento de las exportaciones fueron de petróleo (39 %), carbón (14 %), café (10 %) y ferroníquel (2 %). El bajo nivel de diversificación de los productos de exportación ha sido un impedimento permanente a la expansión de los mercados; es un indicador de la baja capacidad de producción en el país”.
Para la especialista, los nuevos requerimientos de recursos para el posconflicto cogen a Colombia en franco quebrantamiento de su aparato productivo, un crecimiento sustentado vía precios, mientras que la capacidad para producir productos y servicios para exportación es cada vez menor”.
MARTHA MORALES MANCHEGO
Redacción Economía y Negocios