30 de mayo del 2016. Un grupo de 200 personas de las comunidades u’wa y motilón barí bloqueó las instalaciones de la planta de gas de Ecopetrol en Gibraltar, en Toledo, Norte de Santander, y la reparación del gasoducto que lleva el gas a Bucaramanga, su zona metropolitana, a Barrancabermeja y áreas cercanas. Fueron retenidos 20 trabajadores, a quienes se les impidió salir de las instalaciones. Pregunta: ¿alguien puede hacer eso sin violar la ley?
25 de junio del 2016. “Los indígenas permitieron el cambio de turno de los trabajadores como un gesto humanitario, luego de confirmar la visita de altos funcionarios del Gobierno Nacional”, dijo Ecopetrol, y anunció que “continuará buscando acuerdos con las comunidades indígenas para que permitan la reparación del gasoducto que lleva el gas a Bucaramanga y su zona metropolitana, Barrancabermeja y áreas cercanas”. Pregunta: ¿es un gesto humanitario permitir la salida de los trabajadores y que más de 400.000 familias vuelvan a tener gas?
29 de junio del 2016. Como el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se encuentra fuera del país, los indígenas aceptan que el viceministro, Guillermo Rivera, asuma el diálogo, que deberá comenzar este 30 de junio. Ya permitieron el transporte de alimentos y desbloquearon la vía. Pregunta: ¿los nativos pueden impedir el acceso de alimentos o taponar una vía pública?
20 de julio del 2016. Indígenas u’was ocuparon la planta de Gibraltar, obligaron a apagar el generador eléctrico, retuvieron a 14 trabajadores y “sustrajeron sus teléfonos celulares”. Luego llegó otro grupo de unas 30 personas, entre las que se encuentran mujeres, hombres y niños. Los trabajadores están incomunicados y los pozos cerrados y asegurados. Eso se llama asalto.
Las peticiones de los indígenas son básicamente tres: la delimitación del resguardo u’wa con la que se ha comprometido el Ministerio de Interior, pues esa comunidad reclama el lugar donde funciona la planta como territorio ancestral y colectivo; que les den la administración del parque del Cocuy, pues, según su opinión, Parques Nacionales “no lo ha hecho bien” porque “en lugar de pensar en la protección de la tierra, lo administra como una agencia turística” y la pavimentación de una vía de 190 kilómetros para ir a Cúcuta y Bucaramanga.
Los indígenas solicitan la tenencia de los terrenos de Gibraltar, aunque la planta está por fuera del resguardo y Ecopetrol tiene los permisos. La empresa no tiene nada que ver con el parque del Cocuy ni con la pavimentación de la vía, y es ridículo que los nativos le den lecciones a Parques Naturales sobre ese manejo.
Hace unos meses, el entonces ministro de Minas, Amylkar Acosta, sostuvo que había que prepararse para menos violencia y más protesta social en la etapa del posconflicto. Si el de Gibraltar es el modelo, lo que le espera a la industria minera es muy preocupante, y solo hay que imaginar lo que estará pensando un inversionista extranjero sobre el tema, cuando se lo invite a entrar a nuestro país.
No, señores. La violación de la ley no tiene excepciones, incluyendo a los indígenas y a las minorías de todo tipo. En Gibraltar se han dado las figuras de asalto y secuestro y una afectación provocada del suministro de un servicio público, y ese antecedente no se puede pasar por alto, como si nada. Ese abuso egoísta de quienes reclaman un incumplimiento o una reivindicación, por más legítimas que sean, no lo pueden permitir ni la sociedad ni el Estado y nada tiene que ver con el proceso de paz. Es un tema de orden público y de Policía, y es mucho más grave que el paro de transportadores, por cuanto finalmente las tractomulas son bienes privados. En Gibraltar es un bien público, así quede lejos y poco interese a Bogotá.
Hay que ser serios. El comunicado de Ecopetrol afirma que “viola los derechos al trabajo, a la libre movilización y a prestar un servicio público en condiciones de normalidad”. Se entiende la actitud de la empresa, pero es mucho más que eso.
Silverio Gómez Carmona